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Editorial:

Tira y afloja judicial

Las asociaciones judiciales quieren "diálogo" con el ministerio, pero mantienen la protesta

No fue posible el acuerdo, pero no se ha perdido la esperanza de conseguirlo. Es lo que se deduce de la reunión mantenida el pasado lunes entre las asociaciones judiciales y una representación del Ministerio de Justicia, con Bermejo a la cabeza. Hubo aproximaciones, pero también escollos, como la resistencia de los jueces a que se les desapodere de la facultad de señalamientos de juicios y vistas para atribuírsela a los secretarios, como contempla la reforma sobre la oficina judicial que se tramita en el Parlamento.

Lo positivo de la reunión es que los contactos no se han roto y que se seguirá negociando. Pero sorprende que asociaciones que apuestan, según uno de sus representantes, por "un proceso de soluciones dialogadas" mantengan al mismo tiempo una acción de protesta para el día 18 de febrero que, por más simbólica que sea (concentraciones de 10 minutos sin toga), no deja de ser una coacción.

Es cierto que las asociaciones judiciales están condicionadas por el movimiento asambleario auspiciado por las juntas de jueces de importantes enclaves como Madrid y Barcelona. Si este movimiento todavía minoritario se extiende, no es descartable que la situación de la justicia se agrave todavía más y se agudice la sensación de frustración que parece existir en no pocos jueces. ¿Qué otra cosa puede derivarse del choque directo con el Gobierno que parece propiciar ese movimiento asambleario con la convocatoria para la misma fecha del 18 de febrero de una huelga en toda regla, al margen de todo proceso negociador?

Las asociaciones han aparcado las reivindicaciones retributivas, lo que en este momento de crisis remueve uno de los obstáculos para el acuerdo. Y por parte del Ministerio de Justicia se ha dado una prueba de buena voluntad aumentando en 20 millones de euros la partida presupuestaria destinada a la modernización informática. En otras cuestiones, como el aumento de la plantilla judicial, el acuerdo parece posible si se precisa su alcance. ¿Hay capacidad presupuestaria para crear más de 150 plazas judiciales por año y, sobre todo, para dotarlas de jueces solventes? Y sobre los señalamientos, los jueces deberían sopesar si esa competencia es coherente con la reforma que con su beneplácito atribuyó hace seis años al secretario la jefatura de la oficina judicial, responsabilizándolo de los trámites administrativos del proceso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de enero de 2009