Un tribunal ordena publicar las actas de Blair sobre Irak

Un tribunal ordenó ayer al Gobierno británico que haga públicas las actas de las dos reuniones ministeriales en las que en marzo de 2003 el Gabinete que presidía Tony Blair decidió ir a la guerra con Irak. La decisión, que puede ser apelada e incluso vetada por el actual Gobierno, se ha tomado en aplicación de la Ley de Libertad de Información y con el argumento de que los beneficios públicos de su publicación son superiores a los perjuicios que pueda causar.

Aunque no es seguro que esas actas lleguen a publicarse y es probable que, si algún día ven la luz, sean decepcionantes por su falta de detalle, la decisión tomada por el llamado Tribunal de la Información por dos votos a uno supone un espaldarazo a las recientes exigencias de la oposición de que se ponga en marcha una investigación sobre los prolegómenos de la guerra. Tanto conservadores como liberales-demócratas creen que ha llegado ese momento porque el primer ministro, Gordon Brown, ha anunciado la próxima retirada de las tropas británicas en Irak.

El Gobierno Blair debatió en sus reuniones del 7 y el 17 de marzo de 2003 la decisión de acompañar a Estados Unidos en la invasión de Irak. Los críticos con la guerra siempre han acusado a Blair de haberla decidido sin apenas debatirlo en el Gabinete y, sobre todo, han sostenido que los ministros nunca conocieron en toda su extensión el primer dictamen del entonces fiscal general del Reino, lord Goldsmith, sobre la legalidad de la invasión.

Se supone que en su primer dictamen, lord Goldsmith concluía que hacía falta una nueva resolución de Naciones Unidas para legalizar la invasión, pero luego cambió de opinión. El Gabinete, dicen los críticos, sólo tuvo acceso a ese segundo dictamen. La entonces ministra de Cooperación, Clare Short —que perdió todo su prestigio entre la izquierda porque se oponía a la invasión pero no dimitió hasta semanas después, cuando vio que no se cumplían las promesas de Blair sobre el papel que ella tendría en el proceso de reconstrucción—, pronosticó ayer que habrá decepciones. "Las minutas dicen muy poco. Por ejemplo, nunca atribuyen los diferentes puntos de vista de la gente".

Además, el tribunal admite que parte de las minutas se pueden mutilar o editar para proteger las relaciones exteriores de Reino Unido. De hecho, ni siquiera es seguro que lleguen a publicarse: el Gobierno tiene 28 días para decidir si recurre la orden de publicación y 20 días para decidir si aplica el derecho de veto que le confiere la Ley de Libertad de Información, un veto que nunca ha usado desde su entrada en vigor en 2005. "Estamos considerando cuál será nuestra respuesta", declaró anoche un portavoz de Downing Street.