Subidas públicas, contención privada

La decisión de subir un 3,5% el salario a los más de 70.000 funcionarios de la administración vasca, adoptada vía decreto por el Ejecutivo de Ibarretxe en plena crisis económica y a solo cinco semanas de las elecciones autonómicas, ha levantado reacciones muy contrarias por la desigualdad que plantea entre un sector público a cobijo de la amenaza del paro y las penurias que atraviesan los empleados del sector privado. Las críticas, encabezadas por la cúpula de los empresarios, consideran "poco pedagógico" un incremento de los sueldos públicos netamente por encima de la inflación (1,4% en diciembre), cuando está creciendo de forma significativa el número de desempleados, los ajustes laborales están a la orden del día y otros trabajadores han aceptado congelar sus nóminas.

"Nos hace una gran avería", protestó el presidente de Confebask

El Gobierno vasco ha acordado aplicar unilateralmente a sus funcionarios un incremento retributivo del 3,5% para este año. La subida rebasa la inflación registrada el año pasado -el 1,5% en el conjunto de España, que es el baremo de referencia (en Euskadi fue del 1,9%)-. Se desglosa en un aumento general del 2%, otro punto para ajustar las pagas extraordinarias y un 0,5% más como aportación al fondo de pensiones Itzarri-EPSV. "Es un agravio tremendo con la empresa privada", afirma un buen conocedor de las relaciones laborales en Euskadi.

La patronal pública, añade, ha dado "un mal ejemplo" a la patronal privada, Confebask, que estaba defendiendo en sus negociaciones aumentos de sueldo mínimos, ceñidos al IPC (el 1,4%) o por debajo de la inflación real para mantener la competitividad y el empleo en las empresas. El presidente de los empresarios vascos, Miguel Lazpiur, reaccionó con disgusto al conocer la medida adoptada por el Gobierno vasco. "Nos hace una gran avería", señaló gráficamente en un acto público celebrado en Bilbao al día siguiente de que el Ejecutivo aprobara el decreto. A agregó: "La crisis es muy grave, y lo es para todos".

¿También para los funcionarios? "Además del incremento salarial, muy superior al del sector privado, los funcionarios parten de unos sueldos medios bastante altos, superiores en algunos casos a los de las empresas. Parece ser que existe una élite trabajadora", afirma Josu Ferreiro, profesor de Economía Aplicada de la UPV.

En el caso del personal dependiente de la Administración vasca -incluidos los empleados de Osakidetza, la Ertzaintza, Educación y Justicia-, la mejora económica se produce después de subidas en los últimos años muy ajustadas a la inflación, lo que no les ha hecho perder poder adquisitivo. Los funcionarios cuentan, además, con la ventaja de estar protegido ante la amenaza de la crisis, al tener su puesto de trabajo asegurado. Con una jornada laboral de 1.592 horas anuales -1.540 efectivas, si se descuentan los seis días de libre disposición-, representan una suerte de "clase privilegiada" que desentona con los apuros que aquejan a la empresa privada.

La subida para los empleados autonómicos en Euskadi superior a la aprobada para sus homólogos en el resto de España, que verán aumentada su nómina en un 2%. Pero todavía inferior a la recogida para los empleados de los ayuntamientos en el convenio Udalhitz que la Asociación de Municipios Vascos-Eudel ha acordado con los sindicatos ELA, CC OO y UGT para el trienio 2008-2010. A su vez, los funcionarios de las tres diputaciones tendrán subidas medias del IPC más un punto.

En la acera de enfrente, las empresas tratan de zafarse de la crisis con medidas traumáticas. En un contexto muy negativo, y a las puertas de un panorama complicado en el que las previsiones de crecimiento económico casi nulo (el 0,5%, según la última estimación del Ejecutivo autonómico), el sector privado se ve abocada a reestructurar sus plantillas (en diciembre pasado se presentaron 188 regulaciones de empleo y este mes ya suman otras 80) y plantean congelaciones salariales. Sólo durante el pasado ejercicio, 27.800 personas engrosaron las listas del paro en el País Vasco.

Los sindicatos pasan de puntillas sobre la flagrante desigualdad que se da entre sus afiliados del sector público y el privado. "Es una decisión unilateral del Gobierno, conforme a la previsión de la inflación", opina Pilar Collantes, de CC OO y funcionaria. En su opinión, la comparación es "injusta y demagógica".