Seis detenidos por fraude fiscal y posible financiación terrorista
Los paquistaníes arrestados en Barcelona tenían empresas de telefonía
Seis ciudadanos paquistaníes fueron detenidos ayer en Barcelona acusados de operaciones de fraude al IVA, cuyos beneficios presuntamente enviaban a su país de manera fraudulenta a través de los locutorios que regentaban. La Guardia Civil trata de determinar ahora si los aproximadamente tres millones de euros que habrían desviado durante los últimos cinco años han servido para la financiación de redes de terrorismo islamista, aunque de momento "sólo se tienen indicios" de ello "pero no se ha constatado", según fuentes del instituto armado. Los detenidos eran propietarios de tiendas de servicios de telefonía y locutorios en Barcelona, Valencia, Las Palmas y Logroño, en las que se llevaba una contabilidad B para ocultar el supuesto fraude fiscal.
En los últimos cinco años han desviado unos tres millones de euros
Las detenciones fueron efectuadas, como otras anteriores contra grupos de paquistaníes, en el barrio del Raval de Barcelona. Cinco de los arrestados mantenían una reunión privada cuando los agentes irrumpieron en el piso en el que se encontraban. Uno de ellos tiene su domicilio en la Ronda Sant Pau, en pleno corazón de Barcelona, por lo que el registro de la vivienda levantó una fuerte expectación entre los vecinos.
Los arrestados residían en poblaciones del área metropolitana de Barcelona -Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet y Esplugues-, que en los últimos años han sido destinos de otras operaciones policiales vinculadas a la financiación del terrorismo yihadista.
Los paquistaníes disponían de varios locutorios. Tres de ellos también fueron registrados a lo largo de ayer por la Guardia Civil en Barcelona, así como otros tres más en Las Palmas, Valencia y Logroño. Ninguno de los encausados se resistió a los agentes en el momento de la detención, según fuentes del instituto armado. En total, se registraron seis empresas y cuatro domicilios.
La Guardia Civil sólo les acusa, de momento, de fraude fiscal por el impago del IVA por servicios prestados, aunque investiga el posible desvío de fondos para la financiación del algún grupo terrorista internacional. En las órdenes de detención dictadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, bajo cuya dirección se vienen desarrollando las investigaciones desde 2005, se incluía entre los posibles delitos cometidos el de "financiación con fines terroristas".
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió ayer en que el motivo principal de la llamada Operación Cheapest es el fraude fiscal, aunque señaló que no puede descartarse que durante la investigación "salga algo más". Por ello pidió prudencia a la hora de relacionar a los detenidos con redes yihadistas.
Los investigadores han descartado nuevas detenciones en relación con este asunto. El próximo paso, aseguran fuentes de la Guardia Civil, consistirá en revisar la documentación incautada durante la operación tanto para precisar el monto del posible fraude como para determinar si los destinatarios en Pakistán de los envíos de dinero están relacionados directa o indirectamente con grupos terroristas islamistas. No obstante, las mismas fuentes insisten en que ya tienen suficientes elementos de prueba sobre el fraude al IVA.
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