Más voluntad que dinero en la lucha contra el paro

Voluntad mucha, dinero poco. Esos son los parámetros sobre los que el Consell que preside Francisco Camps intenta frenar la rápida destrucción de empleo que afecta a la Comunidad Valenciana. En los últimos doce meses el desempleo ha crecido un 66% y diciembre se cerró con un total de 357.824 inscritos en las oficinas del paro.

Una destrucción de empleo que amenaza con llevarse por delante la imagen de concertación social que con tanto esmero ha construido el Consell durante los dos últimos años. En este escenario, el Ejecutivo valenciano no oculta su irritación con unos sindicatos que han iniciado las movilizaciones en la calle tras haber firmado meses atrás importantes acuerdos en materia de función pública y concertación social. Hasta el punto de que los cargos populares han hecho llamadas públicas a los sindicatos para que se movilicen contra el Gobierno socialista y no contra la Generalitat.

Camps ha decidido tirar de presupuesto ordinario hasta tener dinero fresco

Alarte llevó a la reunión con el presidente 40 medidas del PSPV

Con el mercado laboral en caída libre, el Consell ha tenido que improvisar toda una estrategia destinada a intentar contrarrestar las movilizaciones sindicales, ofrecer una imagen positiva frente a la crisis y cargar el desgaste político de la situación en la cuenta del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las escandalosas cifras del paro del mes de diciembre y la entrevista que Francisco Camps mantuvo el pasado 7 de enero con el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, llevaron al Consell a acelerar unos planes que el presidente de la Generalitat tan sólo había apuntado en su discurso institucional de fin de año.

Uno de los motivos para pensar en la improvisación del Consell lo ofrecen los propios socialistas. Alarte acudió a la reunión con Camps con un documento con 40 medidas concretas para intentar hacer frente a la crisis.

Los populares descalificaron las medidas y las tacharon de popurrí copiado de otros lugares, pese a que el jefe del Consell y el vicepresidente económico, Gerardo Camps, no hablaron en la reunión con el líder socialista de medida concreta alguna contra el paro. Un día después se hacía público el dato estadístico del desempleo. Y esa misma noche, el Consell anunciaba para el día siguiente un "programa especial de apoyo al empleo en la Comunidad Valenciana", dotado con 361 millones de euros y pensado para crear 215.700 puestos de trabajo. En palabras del consejero de Economía, casi la mitad de los parados registrados a principios de este año.

El anuncio del Consell se realizó el pasado día 9 y Gerardo Camps se limitó a decir que el refuerzo de las políticas de empleo se sufragaría con créditos extraordinarios. Sin embargo, la Generalitat está al límite de su capacidad de endeudamiento, tal y como reconocen en privado fuentes del Gobierno valenciano.

De tal manera que el presupuesto adicional se fía a los ingresos suplementarios que se puedan lograr gracias a la inminente reforma del sistema de financiación autonómica. Aunque la negociación sobre esta cuestión está todavía abierta, el Consell estima que con la inclusión de la variable de población la Comunidad Valenciana podría recibir cerca de 1.000 millones más.

Hasta entonces, Camps ha decidido tirar de presupuesto ordinario hasta disponer de dinero fresco. La iniciativa del Consell, que ayer explicó el contenido del nuevo plan de apoyo a los sectores productivos cuantificado en 335 millones de euros, ha sido recibida con escepticismo por la oposición política y las organizaciones sindicales.

Los primeros no ven novedad alguna en los planes avanzados y las segundas dudan de que haya consignación presupuestaria para acometerlos.

La Generalitat tiene que sacarse de la manga cerca de 700 millones de euros para sufragar los dos planes anticrisis que lleva anunciados, uno de lucha contra el paro y otro de apoyo a los sectores productivos. La ley exige que cada compromiso presupuestario nuevo tenga su correspondiente crédito extraordinario.

Los socialistas presumen de que así se ha llevado a cabo la tramitación del plan Zapatero. El Consejo de Ministros del 28 de noviembre aprobó dos fondos por importe de 11.000 millones de euros para crear 300.000 empleos en 2009 y 2010 (muchos menos de los que pretende crear el Consell con una cantidad inferior), la mayoría en colaboración con los ayuntamientos. Este dinero, que se financiará con el margen que tiene el Gobierno español, era dispuesto el 2 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado y siete días más tarde se conocían los criterios del reparto de fondos. El próximo 24 de enero se cierra el plazo para que los ayuntamientos presenten sus proyectos y en marzo las obras públicas comprometidas -una actividad intensiva en mano de obra- deberán de arrancar. A 15 de enero, el Gobierno ha aprobado proyectos de obra pública en municipios valencianos por casi 400 millones de euros. La oposición exige al Consell esta misma disposición y celeridad que el Ejecutivo central para acometer los planes que ahora anuncia.

El Ejecutivo de Camps no se ha amilanado y ha iniciado una gira de presentaciones de un plan que duplica el presupuesto ordinario previsto este año para la creación de empleo. Gerardo Camps, vicepresidente económico, confía en los fondos adicionales que recibirá la Generalitat cuando se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica, pero no descarta el recurso al crédito, es decir, a la deuda.

El área de Economía de la Generalitat ha concentrado el presupuesto del plan en el fomento de la contratación fija, que incentivará con 3.000 euros si se trata de un hombre, y con 3.500 euros si es una mujer. En total 20 millones de euros, con los que también se bonificará los contratos temporales, con 1.500 euros para los hombres y 2.000 euros para las mujeres. Otros 50 millones de euros se irán a los ayuntamientos, que podrán contratar parados para desarrollar trabajos de interés social. Un tercer pilar del plan se irá en subvenciones al autoempleo y unos 30 millones de euros se dedicarán a aquellas empresas que empleen a personas procedentes de compañías en crisis.

Una de las medidas más curiosas introducidas por el Consell es la de dedicar dos millones de euros para pagar gastos de desplazamiento al trabajador que tenga que cambiar de ciudad para encontrar trabajo. El Consell abonará al beneficiario y a su familia desde gastos de transporte de mobiliario hasta alojamiento o guardería.

Los socialistas valencianos, con las 40 medidas que Jorge Alarte llevó bajo el brazo a la reunión con Camps, también proponen una serie de ayudas a los que tengan que desplazarse a otra ciudad por motivos de empleo. No es la única coincidencia, aunque para fomentar los contratos indefinidos aumentan la bonificación hasta los 4.000 euros en el caso de los hombres y 8.000 euros si la titular del contrato es una mujer. Quien contrate a mujeres víctimas de la violencia de género o personas con riesgo de exclusión recibirá 9.000 euros. Si el empleador es autónomo se añadirán otros 2.000 euros. En el fomento del empleo público, donde los ayuntamientos son los contratadores, el PSPV-PSOE abre el abanico de contratos a trabajadores estacionales. También plantea ayudas a los autónomos que cesen temporalmente su actividad y un decreto de ayudas para contratar a desempleados procedentes de empresas en crisis.

Pero pese a las coincidencias, Consell y oposición están en un diálogo de sordos, que se reproducirá el próximo día 28 cuando Gerardo Camps explique al pleno de las Cortes su documento de bases para un nuevo impulso económico, tan sólo un día antes de acudir a Alicante a criticar a Zapatero en la conferencia económica del PP que aprovechará Mariano Rajoy para presentarse como alternativa solvente.