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COLUMNA

Ignorancia debida

Existe en Andalucía un Observatorio de la Delincuencia, institución con un nombre que parece sacado de una fábula filosófica de Chesterton y sugiere que el delito es algo tan físico, inevitable y observable como un fenómeno astronómico. El Observatorio ha descubierto que ocho de cada diez habitantes de las capitales de provincia saben poco o nada sobre cómo funciona la Justicia, informaba ayer en estas páginas Juana Viúdez. Yo no creo que el 20% restante sepa mucho sobre el aparato judicial, a no ser que abunden tanto los funcionarios, abogados, delincuentes y litigantes empedernidos. La gente conoce poco el aparato judicial, pero lo aprecia menos todavía. No tiene confianza en los jueces. Valora más a la policía. Quién no ha oído ese tópico de que "la policía coge al ladrón, pero el juez lo pone en libertad".

La policía es algo próximo, una posibilidad de trabajo, porque siempre puede uno meterse en alguno de los cuerpos armados, como hacen vecinos y conocidos. Pero los jueces son distantes, la representación de la brecha entre el Poder y los ciudadanos, con sus togas, puñetas de raso o encaje, insignias, altos estrados, sillones frente a sillas y banquetas. Tenemos la sospecha supersticiosa de que el poder está al servicio de los poderosos, y a su representación, el juez, se le suponen todos los delitos y faltas en que puede incurrir una autoridad: arbitrariedad, abuso de funciones, atentado contra la integridad moral de quien se pone a su alcance, soborno, prevaricación y tráfico de influencias.

El albergue de los tribunales en Málaga es un edificio claro y lleno de caladuras. El arquitecto quizá quería sugerir transparencia, la necesaria transparencia de la ley, pero el que se acerca al edificio piensa en una gran jaula blanca. Se llama la Ciudad de la Justicia, nombre que parece un homenaje a la Ciudad de Dios de san Agustín, pero que, por casualidad o broma municipal, está en la desembocadura de la calle Franz Kafka, el autor de El proceso, esa novela en la que al acusado nadie sabe darle razón exacta de cómo funciona el aparato judicial, probablemente porque nadie lo sepa. El desconocimiento suele coincidir con el prejuicio de creer maligno aquello que se desconoce.

La Educación para la Ciudadanía debería limitarse a enseñar en las escuelas la Constitución, el Código Penal y el Civil. Así los alumnos aprenderían que no sólo son principios morales, sino imperativos legales, la igualdad de hombres y mujeres, el respeto a quienes nos rodean. Sabrían que puede ser merecedor de cárcel meterse con alguien por razones ideológicas, religiosas, nacionales o raciales, sexuales y médicas. Los colegiales deberían estudiar lo más básico de la organización y el funcionamiento de la Justicia. Es "una organización muy complicada", como dice la novela de Kafka, pero no lo es más que las jerarquías de electrónicos guerreros intergalácticos y divinidades ancestrales a las que debe enfrentarse un jugador de videojuegos.

No creo, sin embargo, que en plena guerra entre jueces y gobiernos haya demasiado deseo de información real sobre el estado de la Justicia. El votante ideal quiere saber lo menos posible, confía en sus autoridades. Su vía de conocimiento son los programas de sensacionalismo rosa, con sus pleitos callejeros disfrazados de jerga jurídica, y las informaciones de sucesos, más emocionantes cuanta más sangre haya y más indefensa sea la víctima. La justicia popular es inmediata, caliente, lo que antiguamente se llamaba venganza, y un tribunal es una instancia fría, y presta oídos a los acusados, de quienes nunca debería presumirse la inocencia, sino la culpabilidad absoluta. Hay gobernantes que no disimulan su satisfacción ante el descrédito de la Justicia. No se dan cuenta de que se alegran del descrédito de la democracia: si el Poder Judicial no funciona, los ciudadanos están indefensos ante el Poder Ejecutivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de enero de 2009