La segregación por sexos en las aulas se queda sin dinero público

La separación de alumnos y alumnas en los centros educativos que reciben dinero público tiene los días contados. Eso sí, hace falta que cada comunidad autónoma quiera acabar con la segregación por sexos en las aulas. Media España ha anunciado ya su intención de no admitir conciertos con los colegios e institutos que mantienen esta separación, casi todos ligados al Opus Dei. 60 centros de este tipo reciben fondos públicos en España, según la información recabada por este periódico de los gobiernos autonómicos.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) abre la puerta a dejar sin subvenciones a los colegios que segreguen. El artículo 84.3 fija que "en ningún caso" habrá discriminación por sexo. La disposición adicional 25 de la LOE también establece que los colegios mixtos "serán objeto de atención preferente y prioritaria". Ésta es la postura oficial del Ministerio de Educación, que deja en manos de cada comunidad la decisión de suprimir los conciertos. Andalucía publicó una nueva orden el pasado 5 de enero que cierra el grifo de la financiación a los 11 colegios e institutos que todavía separan. Baleares hizo lo mismo el 25 de diciembre de 2008, cuando publicó otra norma en la que explícitamente se fija la obligación de que los concertados mantengan un "sistema mixto de enseñanza". Cuatro centros del Opus, a los que el anterior Gobierno de Baleares había prometido financiación pública, pretendían acceder al modelo de concierto, algo que no se llevará a cabo ahora.

Cataluña, Galicia, Baleares y Andalucía eliminan por ley la discriminación

Valencia, Madrid y Murcia no tienen intención de acabar con la separación

Los centros que segregan sostienen que mejora el rendimiento

"Lo que más influye es el nivel socioeconómico", afirma un experto

La Xunta de Galicia prepara también su nueva orden y, según la Consellería de Educación, se adoptará el mismo modelo que en Andalucía. En esta comunidad existen actualmente cinco centros que mantienen la segregación. Cataluña también se plantea acabar con estas prácticas. La primera ley catalana de educación así lo recoge, pero sólo para los centros que se abran a partir de que se apruebe la ley el curso que viene. Quedarían exentos una quincena de colegios que ahora separan al alumnado por sexos y podrán seguir haciéndolo. Dos socios del gobierno tripartito -ICV y ERC- ya han anunciado que quieren modificar el articulado en el trámite parlamentario de la ley para eliminar la segregación.

Este movimiento de erradicación de la discriminación por sexos se ha disparado ahora gracias a la LOE y a una sentencia del Tribunal Supremo de 2008 en la que se reconocía el derecho de cada administración autonómica a no admitir conciertos con estos centros. El auto daba la razón a la Junta de Castilla La Mancha. Varios tribunales regionales habían denegado hasta ese momento esa potestad basándose en la antigua ley educativa, la LODE. En Castilla La Mancha ya no quedan centros que segreguen con dinero público. Si alguno lo solicitara, "no recibiría fondos públicos", según esta Administración.

Pero no todas las comunidades están siguiendo la misma línea. La de Madrid -donde hay nueve centros concertados que separan- acaba de ceder 26.000 metros cuadrados para la construcción de otro más que empezará a funcionar el próximo curso en Alcorcón. Tampoco hay intención de acabar con estas prácticas en Valencia, donde siete concertados -todos del Opus Dei- mantienen la línea de separar a niños y a niñas. El caso de El Guadalaviar, ubicado en la capital, tiene sus particularidades: cuando en 1998 la Generalitat firmó el primer concierto, CC OO acudió a los tribunales al considerar que el centro violaba el principio constitucional de no discriminación. Pero primero el Tribunal Superior de Justicia valenciano y hace unos meses el Tribunal Supremo desestimaron sus recursos. El recurso se desestimó al considerar que el sindicato no estaba legitimado para denunciar los hechos, ya que sólo lo podrían hacer personas afectadas, es decir, algún padre de un alumno rechazado por su sexo.

Murcia es otra de las comunidades gobernadas por el PP que mantiene conciertos con algún centro que segrega. La Consejería de Educación reconoce que financia con dinero público a un centro de este tipo. Los defensores de este tipo de enseñanza sostienen que el proceso de maduración de las chicas y chicos es distinto, por lo que deben estar separados para mejorar los rendimientos escolares. El investigador de la Universidad de Sevilla Francisco Lorenzo lo niega: "En estos centros la principal variable es el perfil socioeconómico, que es lo que más influye en el rendimiento". La Rioja subvenciona a un colegio del Opus que segrega. Educación sostiene que no tiene intención de revocar el concierto porque "es legal" separar a chicos y chicas.

Unos 3.900 alumnos de Euskadi estudian en seis colegios que desde la etapa de Primaria sólo aceptan a escolares del mismo sexo. Todos son concertados. La separación por sexos afecta también al profesorado, como en la mayoría de centros de este tipo: en los colegios femeninos sólo hay maestras y en los masculinos sólo profesores. El Gobierno vasco no se plantea por ahora retirar las subvenciones que concede a estos centros. La consejería sostiene que, a dos meses de las elecciones autonómicas, no hay margen para abordar este asunto con tranquilidad.

Y en Navarra existen dos concertados que separan. La oposición (PSN, IU y NaBai) ha llevado una propuesta al Parlamento foral para retirarles los fondos públicos. El ejecutivo navarro no parece estar muy por la labor de suprimir estos conciertos.

Los sindicatos se han movilizado para lograr el fin de estos conciertos en algunas comunidades. Es el caso de Cantabria. En la orden de conciertos de esta comunidad no se prohíbe la segregación y el ejecutivo cántabro deja en manos de la mesa sectorial, donde están representados los implicados en este proceso, la renovación o no del concierto del único centro de este tipo que allí existe. Otras comunidades no se plantean incluir la eliminación de los conciertos porque, dicen, no existen colegios de este tipo financiados con fondos públicos. Es el caso de Aragón, Extremadura y las Islas Canarias.

Con información de E. Azumendi, P. Álvarez, I. Zafra, S. Tobarra y S. Vizoso.