Educación inicia el diálogo con la plataforma sin apenas concesiones

La Generalitat abrió ayer con pocas concesiones a los sindicatos la primera de las mesas negociadoras para resolver el conflicto desatado a raíz de Educación para la Ciudadanía. La reunión, la primera de la agenda pactada por la Consejería de Educación con la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic tras la gran manifestación cívica celebrada en Valencia a mediados de diciembre, concluyó sin grandes avances sobre los dos temas planteados: garantizar una inspección educativa al margen de la confrontación política y confiar la renovación de los equipos directivos a toda la comunidad educativa.

El conflicto desatado a raíz de la decisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de impartir Educación para la Ciudadanía en inglés evidenció el uso por parte de la Consejería de Educación del cuerpo de inspectores como un instrumento de presión sobre los centros pese a la imposibilidad material de cumplir con la normativa.

Una reunión insatisfactoria para STEPV y UGT y positiva para CC OO

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV) y FETE -UGT reclamaron que se regule íntegramente la inspección educativa y que la Consejería de Educación elabore un catálogo de puestos de trabajo, el procedimiento para acceder a los mismos, la oferta de empleo público y un concurso-oposición para adjudicar con criterios de transparencia y objetividad las plazas de inspección.

Lo sindicatos pidieron, además, que los inspectores accidentales -aquellos nombrados por la Administración- y cuyo número no desvela la Consejería de Educación abandonen sus puestos y concurran al concurso-oposición. Una medida ya empleada en otras autonomías de distinto signo político.

La Consejería de Educación, que delegó la negociación en el director de Personal, David Barelles, pretende cubrir las plazas de inspección mediante un concurso de méritos, que incluiría la presentación de un proyecto y una entrevista que serían evaluadas por cinco representantes de la Administración. Barelles indicó, no obstante, que analizará las propuestas realizadas por el STEPV, UGT, CC OO y ANPE.

Educación, de momento, solo está dispuesta a incluir un representante de los sindicatos en el tribunal de evaluación para cubrir las plazas de inspección y a modificar la entrevista por la defensa del proyecto.

Concesiones que fueron recibidas con satisfacción por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que valoró de manera positiva la inclusión de estas propuestas y los "avances en la negociación". CC OO admitió que "falta todavía conocer la respuesta de la Administración" sobre la aceptación del requisito lingüístico, la destitución de los inspectores accidentales una vez se establezca el procedimiento para nombrar estos puestos y que parte de la comisión evaluadora sea por sorteo. Respecto a la reivindicación de que se cambie la normativa sobre el sistema de elección y renovación de los directores de los centros no hubo ningún avance reseñable.

Los sindicatos reclaman que participen los distintos sectores de la comunidad educativa en la renovación de la confianza de los cargos directivos y que ésta no dependa únicamente de una comisión designada íntegramente por los responsables de la Consejería de Educación. La Administración se comprometió a pedir un informe para saber si el Consell Escolar puede participar en la renovación de directores.