El presidente de la Comisión de Control no hará caso y se pondrá en manos de la Comunidad
La crisis camina hacia una asamblea extraordinaria de los 320 consejeros
Los fieles a Esperanza Aguirre no están dispuestos a rendirse en la batalla que mantienen con Miguel Blesa. Pablo Abejas, presidente de la Comisión de Control, no tiene ninguna intención de aceptar lo que ayer decidió el Consejo de Administración. Sostienen sus fieles que el consejo es el controlado, y la comisión la controladora, por lo que el primero no puede imponer ningún orden del día al segundo, y mucho menos si incluye la destitución de su presidente.
Abejas, acosado por los fieles a Blesa, ha decidido poner el embrollo en manos del órgano garante de la caja, esto es la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, dirigida por el aguirrista Antonio Beteta. Será él quien deba interpretar la ley, pero fuentes populares aseguran que la ley es clara y el consejo no puede imponer un orden del día a la comisión. Por eso, Abejas, cuando reciba esta respuesta de Beteta, proseguirá los trámites para el proceso electoral como si el consejo no hubiera votado lo que votó ayer.
La solución de esta enorme tensión pasa por dos lados. O la cuestión acaba en los tribunales, algo que casi todos los consultados ven como probable, o Blesa convoca una asamblea extraordinaria, ya que los 320 consejeros son los únicos que realmente tienen poder absoluto sobre la comisión de control.
Un nuevo consejo de administración debería poner fecha a esa asamblea. Entre la convocatoria del consejo y la de la asamblea, que necesita un periodo de 15 días tras anunciarla en prensa, fuentes jurídicas estiman que transcurriría un mes.
En la caja no se oculta que la situación se complicaría muchísimo y que la tensión institucional alcanzaría niveles desconocidos. Algunas fuentes recuerdan que podría obligar a intervenir al Banco de España para poner fin a una situación de debilitaría a la cuarta entidad financiera.
En cualquier caso, los aguirristas aseguran que el proceso electoral no puede darse por iniciado hasta que no se publica en el BOCAM, algo que no sucedió hasta el 2 de enero, cuando ya estaba en vigor la nueva ley que Aguirre cambió para echar a Blesa.
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