La hora de los estímulos

Las Navidades no han suavizado precisamente las amenazas que se ciernen sobre el bienestar de la población mundial. La recesión global ha pasado de hipótesis a certeza, y ninguno de los indicadores de las principales economías permite atisbar un horizonte de recuperación en un plazo razonable; por el contrario son varios los que apuntan a un deterioro adicional en los próximos meses. Los del mercado de trabajo son, desde luego, los más inquietantes.

Las pésimas cifras del paro en Estados Unidos conocidas este fin de semana (11 millones de desempleados, 3,5 millones más que hace un año, 7,2% de la población activa) unidas a su crecimiento en Alemania tras 34 meses de reducción y al récord del paro español, que vuelve a superar los 3 millones, señalan cuál es el primer problema y también la prioridad de las políticas económicas. No hay señal hoy más negativa para la confianza de los agentes que esa reducción casi continua de la capacidad de las empresas que les obliga, con bastante independencia de la regulación nacional de los mercados de trabajo, a enviar a miles de personas al paro cada día.

Son razones que amparan la adopción de decisiones adicionales de gasto público con el fin de evitar desplomes adicionales en la demanda que conduzcan a un escenario depresivo. Afortunadamente, en esto parecen estar ya de acuerdo Gobiernos con orientaciones políticas bien distintas y agencias multilaterales como el FMI. Incluso los hasta hace poco más partidarios del autoajuste de los mercados, caiga quien caiga, reclaman hoy el dinero de los contribuyentes para evitar males peores. Los males ya conocidos han sido los que condujeron en algunas de las más importantes economías, con la de EE UU a la cabeza, a rescatar a bancos, compañías de seguros y empresas industriales del hundimiento al que les debería haber conducido la lógica del mercado. Ahora, además de seguir atentos por si es necesario que los contribuyentes sigan ayudando a empresas concretas, es necesario que los que deciden sobre los presupuestos públicos superen prejuicios ideológicos o restricciones cuantitativas sobre el déficit y se empleen de lleno en decisiones de inversión publica.

La nueva Administración estadounidense incrementará de forma significativa los recursos asignados a mejora de infraestructuras y a la reducción de impuestos a las rentas más bajas. En la entrevista que hoy publicamos, el presidente electo, Barack Obama, defiende la necesidad de estimular con fondos públicos la recuperación, niega que sea una opción ideológica hacerlo y argumenta que el coste de no intervenir sería mucho más elevado. Otros países, con Gobiernos de signo diferente, como Alemania y el Reino Unido, han asignado fondos a ese estímulo imprescindible. El Gobierno de España, con una economía sobre la que pesan amenazas que no son precisamente menores, debería empezar a manejar la posibilidad de estímulos adicionales, sin esperar a verificar los resultados de los 11.000 millones de euros, 1,1% del PIB, ya comprometidos antes de final de año. Es la hora de que los ciudadanos verifiquen que sus instituciones sirven para evitar mayores pérdidas de bienestar a las ya muy importantes registradas.