La extranjera maltratada opta a permiso laboral

El plan para atender a las extranjeras víctimas de violencia de género, que ayer aprobó el Consejo de Ministros, contempla la posibilidad de otorgarles permiso de trabajo. No será algo automático, pero se prevé para aquellas inmigrantes con orden de protección que obtengan, por su condición de víctimas, el permiso de residencia temporal, y también para las que han llegado por reagrupación familiar y se encuentran ante una situación de maltrato acreditado. Son modificaciones que se han incluido en la reforma de la ley de Extranjería.

El Gobierno, por sus consultas a las organizaciones que trabajan con inmigrantes, es consciente de que las extranjeras irregulares temen denunciar a sus agresores por miedo a ser expulsadas, aunque en la práctica esto nunca había pasado. No es el caso de las mujeres reagrupadas, que no pierden su condición de residentes, pero sin trabajo tampoco están en las mejores condiciones para emprender una vida independiente.

Desde Amnistía Internacional (AI), que ha denunciado en numerosas ocasiones la debilidad de estas mujeres ante el maltrato machista, aplaudieron el anteproyecto "porque contempla la posibilidad de ofrecerles el permiso de trabajo, algo fundamental para rehacer su situación económica y poder independizarse del agresor", explicó María Naredo. Pero el jarro de agua fría, dijo Naredo, es que no se encuentra en ese anteproyecto garantía alguna de que sea retirada la orden 14/2005, "que establece la apertura de un expediente de expulsión para las inmigrantes irregulares que no obtienen una orden de protección cuando denuncian, y una sentencia condenatoria firme para el agresor", dijo. "Esto es algo que no siempre pasa, y, aunque al final de los trámites se acabe con esa sentencia condenatoria al agresor, durante ese periodo la mujer maltratada vive bajo la espada de Damocles de que, por último, sea expulsada. No entramos en cuántas puedan denunciar en falso para obtener la residencia, pero sí hemos constatado los muchos casos en que mujeres maltratadas no osan acercarse a una comisaría por miedo", dijo ayer Naredo.

Para Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, obtener un permiso de trabajo es una condición "fundamental", pero también advirtió de que muchas españolas tampoco tienen un sustento económico garantizado. Pero advirtió de que "quizá se está escorando en exceso el discurso, haciendo ver que si las cosas fallan es por la fatalidad de otras culturas contra cuyos argumentos, atrasados, nada se puede hacer. Y no es cierto, el problema es de todos y todos tienen que ver sus derechos reconocidos en un Estado de derecho".

El plan aprobado ayer, en el que han participado varios ministerios, establece una formación específica para los profesionales que han de atender tanto en los servicios médicos como judiciales a estas mujeres. Esta formación incluirá la ayuda en varios idiomas y las revisiones médicas efectuadas por mujeres cuando la cultura de algunas inmigrantes así lo demande.

Los últimos datos sobre violencia de género arrojan un desequilibrio entre el peso de la población inmigrante en España y los casos de maltrato registrados entre extranjeros. Además, las estadísticas constatan que los mensajes publicitarios han ido calando entre los españoles, cuya incidencia en las cifras de maltrato ha disminuido, pero no así entre los inmigrantes. El plan establece acuerdos con otros países y campañas de sensibilización entre los inmigrantes, incluidas algunas dirigidas específicamente a los hombres extranjeros.

La cultura de la que algunos provienen así como la escasa red familiar y social de las víctimas propician situaciones de maltrato que se desenvuelven bajo un aspecto de legitimidad, reconoce el texto aprobado ayer. Se trata, dicen, de aproximar la información y los recursos a una población menos proclive a encontrarlos.