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Sogama se querella contra un alto cargo al que acusa de primar a Fenosa

La sociedad achaca al "fin de los privilegios" las denuncias sobre su gestión

En la dirección de la Sociedade Galega do Medio Ambiente SA (Sogama), la empresa participada por la Xunta (51% de las acciones) y Unión Fenosa (49%) para gestionar y tratar la basura en Galicia, se ha abierto un cisma a golpe de querellas, denuncias administrativas y fiscalización pública de las cuentas. José Álvarez, presidente de Sogama, presentará, en nombre del consejo de administración, una querella criminal por "injurias y calumnias" contra el secretario general de la sociedad, José María Hernández Sanmamed. La denuncia, anunciada ayer, responde a la iniciativa de este alto cargo, junto a otros tres, de elevar una queja administrativa ante la Consellería de Economía y la Intervención Xeral de la Xunta contra Álvarez por considerar irregulares las últimas contrataciones de obras y servicios decididas en Sogama.

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El presidente de la sociedad adscrita a la Consellería de Medio Ambiente no se anduvo por las ramas a la hora de contraatacar contra estos cuatro directivos, sobre todo contra Hernández Sanmamed y el responsable del área técnica de Sogama, Ramón Pérez Mariño. Álvarez los acusó de poner en duda la legalidad de las últimas adjudicaciones de la empresa porque se cambió el modelo de contratación que antes, tal y como denunció reiteradamente el Consello de Contas, sólo beneficiaba a las empresas de su socio, Unión Fenosa. "Se acabó. Ese escrito de supuestas irregularidades de estos altos cargos obedece a los privilegios y prebendas que antes tenía y que intento corregir desde mi llegada" a Sogama en el verano de 2005, afirmó José Álvarez.

Acompañado del nuevo consejero delegado, Ángel Alonso -un cargo que por primera vez no se cubrió por designación directa de la compañía eléctrica-, el presidente del complejo de tratamiento de basura desvinculó la ofensiva de los técnicos contra su persona de la investigación judicial abierta para determinar quién es el responsable de un vertido contaminante que provocó, en octubre pasado la muerte de 3.000 truchas en el cercano río Lengüelle. De hecho los cuatro altos cargos de Sogama, entre los que también están la responsable del área económica y el de personal de la sociedad, no eligieron la vía de los tribunales para hacer su denuncia, sino la administrativa.

Álvarez recordó el tortuoso y largo proceso para la contratación en Sogama, en 1997, de Hernández, hijo del entonces conselleiro de Sanidade del Gobierno de Fraga, José María Hernández Cochón -hoy portavoz del PP en Sada-. "Ese tipo de nepotismo se acabó en esta sociedad pública", afirmó José Álvarez. Y destacó que el secretario general de la sociedad, también responsable de recursos humanos y del servicio jurídico, se encargaba "desde el principio de la contratación de empresas y personal" de Sogama, con una política de "privilegios y prebendas" que echó por tierra el Consello de Contas en sus informes en los que fiscalizaba a la sociedad mixta en 1999 y 2004.

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El órgano fiscalizador denunció "el alto grado de dependencia de la sociedad pública de su socio privado, que se ve acentuado por la intensidad de los vinculos económico-contractuales con empresas del grupo Unión Fenosa, a las que se le adjudican una parte significativa de los contratos de operación y mantenimiento.

Hernández "quería decidir sobre competencias del consejo de administración, como si fuese suya la sociedad", acusa el presidente de Sogama. El secretario general, junto con otros tres técnicos, ha cuestionado, entre otras, la reciente adjudicación a Cespa, con el aval de la Universidad de Vigo y por unanimidad del consejo de administración, subrayó Álvarez, de la planta para automatizar los trabajos de reciclaje. "¿Qué interés tienen en que se adjudique a otra empresa?", se preguntó el presidente de la sociedad, en referencia velada a Urbaser, vinculada a Fenosa y que optaba al contrato.

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