El PP aprueba privatizar el Canal entre abucheos y con la abstención del PSM

El agua que beben y usan los ciudadanos de la Comunidad de Madrid está a un paso de caer en una empresa privatizada. Ayer el pleno de la Asamblea votó a favor de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (ley de acompañamiento de los presupuestos regionales) que permite la creación de una sociedad anónima que será propietaria del Canal de Isabel II. El 51% de las acciones permanecerá en manos del Gobierno regional y el resto saldrá a Bolsa.

La Ley de Acompañamiento es una ley escoba porque se aprueba sin la necesidad de una ponencia, ni de debate en comisiones, como el resto de leyes que tramita la Asamblea. Una puerta trasera que sirvió ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid para reformar hasta 20 normas.

La privatización del Canal es una de las más polémicas. Se trata de la empresa pública que gestiona los recursos hídricos de la Comunidad. Es la que más dinero da al Gobierno regional y dispone de un gran patrimonio, sobre todo inmobiliario. Según fuentes de la empresa, su valor supera los 2.900 millones. Este año ganará 98,5 millones.

El PP (67 diputados, frente a 42 del PSM y 11 de IU), aprobó ayer la creación de dicha sociedad. El siguiente paso es que el Gobierno saque a Bolsa el 49% de la empresa. Pero se trata de un proceso "muy largo", según explicó el vicepresidente regional -y máximo responsable del Canal- Ignacio González cuando anunció la privatización, en septiembre. Dio como plazo al menos un año hasta que la empresa empiece a funcionar.

La compañía ostentará "la titularidad de los bienes patrimoniales" del Canal que no formen parte de la red de infraestructuras hidráulicas, según la Ley de Acompañamiento. Asumirá la titularidad de las siete filiales de la empresa pública de aguas.

En septiembre, Aguirre anunció la privatización, justificada por la necesidad de fondos para nuevas inversiones. Dejó boquiabiertos a los partidos de la oposición. Ayer, en cambio, la votación pasó sin pena ni gloria. Los socialistas se abstuvieron e IU votó en contra. Apenas hubo discusión. La única nota, la de 14 sindicalistas del Canal que interrumpieron la votación y lanzaron octavillas en contra de la privatización de la compañía.A la una de la tarde, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el vicepresidente primero y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, dando una rueda de prensa a los medios de comunicación, empezó el debate en la Asamblea. El último del año, con la gran decisión de privatizar la joya de la corona del Gobierno regional (98,5 millones de beneficio este año), además de la reforma de la ley de cajas. Duró menos de una hora.

"Diez minutos para hablar de 20 leyes... Espero que el próximo año todas estas leyes podamos verlas con más calma", ironizó nada más subir al estrado el diputado del Partido Socialista de Madrid (PSM) Enrique Echegoyen. Y enseguida arremetió contra la privatización del Canal. "Son medidas absolutamente innecesarias (...) La empresa es solvente y con beneficios que le permiten financiarse a largo plazo", esgrimió.

Se refería a los 4.000 millones que, según Aguirre, necesita el Canal en los próximos 10 años. De éstos, 3.700son para cumplir con el Plan Nacional del Agua, que impone medidas para adecuar a España a las exigencias de Bruselas en depuración y reutilización. El resto corresponde a la construcción de dos embalses, uno al norte y otro al sur de la región.

"¿Por qué se empeñan en que todo lo público es malo y todo lo privado es bueno?", dijo Echegoyen a modo de resumen de la política de Aguirre. Los suyos le aplaudieron. Pero pese a las críticas, los socialistas no votaron en contra de la privatización del Canal. Y de ninguna otra medida de la Ley de Acompañamiento.

Su argumento es que esta ley escoba, es una pata más del presupuesto y eso les obliga a cumplir con el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero de no votar en contra de las cuentas públicas para favorecer la estabilidad en una época de crisis económica. Sin embargo, el lunes pasado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, el grupo socialista, que lidera el concejal David Lucas, votó en contra de las nuevas ordenanzas fiscales, que son, en el plano municipal, el equivalente de la Ley de Acompañamiento.

Después de una breve mención a la reforma de ley de cajas (también incluida en la de acompañamiento), Echegoyen no se explayó más. Y el diputado popular, Pedro Muñoz Abrines, se lo afeó. "¿Qué va a hacer?", le preguntó, a sabiendas de que los socialistas no iban a votar en contra de la Ley de Acompañamiento. "Se van a abstener", le dijo. "Quizá por eso su discurso no ha sido de mucho entusiasmo", concluyó en su alegato, entre aplausos de los populares.

El diputado de IU, Miguel Reneses, señaló que la privatización del Canal de Isabel II "puede poner en peligro la viabilidad de esta empresa pública que es patrimonio de todos los madrileños y cuyo funcionamiento hasta ahora ha sido impecable".

Tanto el PSM como IU presentaron enmiendas a la Ley de Acompañamiento que pedían la supresión del artículo que permite la privatización de la empresa pública de aguas. Aunque no sirvieron de nada, puesto que el PP se basta con su mayoría absoluta para sacar adelante la reforma.

Además, los socialistas amenazaron de nuevo con romper el convenio de sus ayuntamientos con el Canal de Isabel II. Los municipios tienen un contrato con la empresa regional del agua por el que le ceden la distribución y la depuración de la misma. "Vamos a promover las denuncias de los convenios por responsabilidad patrimonial hacia el Canal", aseguró la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez. Los 34 municipios de la región socialistas suman más de un millón de habitantes. Entre ellos figuran Alcorcón, Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Parla. El Canal gestiona el agua de todos los municipios, a excepción de San Lorenzo del Escorial y Alcalá de Henares.

Y como remate final, Aguirre tiene de frente al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. El primer edil ya anunció en septiembre, cuando la presidenta hizo pública su intención de privatizar el Canal, que también rescindirá el contrato con la empresa de aguas. "Cuando el Canal deje de ser ente público, da igual el porcentaje, no podremos mantener el convenio, sería ilegal", justificó. Ayer, un portavoz municipal, insistió en que se mantiene la misma postura.