Ence pidió 400 millones y el doble de potencia eólica por el traslado

El proyecto estrella del concurso eólico que resolvió la Consellería de Innovación e Industria el viernes naufragó durante la última semana. Las "cuestiones técnicas" que, oficialmente, imposibilitaron el traslado de la fábrica de Ence de la ría de Pontevedra a través de una propuesta de cuatro empresarios, entre ellos la propia papelera, esconden un planteamiento que, según fuentes de la Administración gallega, era inasumible dentro de las nuevas adjudicaciones eólicas. La Xunta consideraba prioritario este proyecto dentro de los planes industriales aparejados a las concesiones, y en las negociaciones previas se habían implicado tanto el titular de Industria, Fernando Blanco, como el de Economía, Fernández Antonio, aunque en aspectos distintos.

De acuerdo con dichas fuentes, fueron las "exigencias" del presidente de Ence, Juan Luis Arregui, las que levantaron una barrera en la recta final del concurso, cuando la comisión de valoración ultimaba la lista de proyectos admitidos a trámite. Según este planteamiento, Ence exigía unos 400 millones de lucro cesante (es decir, los beneficios que dejaría de obtener) por abandonar Lourizán antes del 2018, que es cuando vence la autorización administrativa, y esgrimió para ello la elevada rentabilidad de la planta. En su oferta inicial, los promotores del traslado de la fábrica (a Arregui se sumaban los empresarios Jacinto Rey, Manuel Jove y Epifanio Campo) pedían además a Industria un total de 638,6 megavatios a través de Inverabán Gestión de Inversiones, aunque según fuentes conocedoras del proceso estaban dispuestos a asumir el traslado de la compañía con una adjudicación de 500 megavatios de los 2.325 totales del concurso.

Financiación

En las negociaciones paralelas al concurso, y dada la envergadura del proyecto, se cruzó un último planteamiento desde Innovación que pasaba por la adjudicación de entre 200 y 250 megavatios. También Economía se opuso a algunas de las cuestiones que planteaba la oferta, ya que Arregui y sus socios gallegos estaban dispuestos a vender a la Xunta una participación del 10% del capital de la sociedad adjudicataria, pero no a ceder dicho paquete accionarial sin contrapartidas, y se ofrecían para ello a financiarlo, es decir, a prestar el dinero para su compra, operación a la que tanto Blanco como Fernández Antonio se mostraron reacios.

Desde Industria también aluden a cuestiones como la escasa generación de empleo de la nueva fábrica, un total de 263 puestos de trabajo, para considerar que, frente a otros proyectos, la propuesta no era competitiva. El concurso que resolvió el nacionalista Fernando Blanco el viernes sin contar con sus socios (los representantes de dos consellerías socialistas abandonaron la mesa de valoración) deja en manos de 29 promotores la gestión de un total de 78 proyectos de parques eólicos y establece en algo más de un 14% de media la participación pública que tendrá el Instituto Enerxético de Galicia en el capital de las empresas adjudicatarias, lo que equivale a 325,7 megavatios de potencia. Ésta ha sido una de las variables que más han pesado en las valoraciones finales.

Excepto Jacinto Rey, presidente de Constructora San José, los promotores gallegos del traslado de Ence se quedaron fuera de la adjudicación final. Tanto Manuel Jove, que se presentaba a través de cinco vías y solicitaba hasta 1.600 megavatios, como Epifanio Campo, no lograron ni un megavatio.