Por buen camino

Parece que por fin se va a alcanzar un acuerdo general sobre el modelo de financiación del Estado autonómico, es decir, tanto de la financiación del Estado como de las comunidades autónomas que lo integran. El modelo tiene todavía que pasar por la fase de ser puesto por escrito, a fin de que pueda ser remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, integrado por los ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas y por los consejeros de Economía y Hacienda de las distintas comunidades autónomas, y aprobado por dicho órgano. Una vez aprobado, tendrá que ser remitido a las Cortes Generales a fin de que aprueben la correspondiente reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Queda, pues, todavía camino por recorrer y en un terreno tan resbaladizo como éste no se pueden descartar por completo sorpresas de última hora. Pero por el camino recorrido y por la forma en que ha sido recorrido, no parece probable que se produzcan.

Como en casi todo lo relativo a la construcción del Estado Autonómico, también en este momento tan difícil de la definición de la financiación tras las reformas de los estatutos de autonomía, los españoles deberíamos estar agradecidos a Cataluña, porque sin su impulso no hubiera sido posible llegar a este nuevo acuerdo, que, como estamos viendo por la reacción de todos los presidentes de comunidades autónomas tras su reunión con el presidente del Gobierno, es un acuerdo satisfactorio, que mejora de manera clara e inequívoca la financiación de todas las comunidades. Después de los ataques que han recibido las fuerzas políticas catalanas, no sólo las tres que constituyen el Gobierno de la Generalitat, sino también las que, como CiU, están fuera del mismo, creo que sería bueno que se reconociera que del trabajo hecho en Cataluña nos vamos a beneficiar todos. Pienso también que en el debate político futuro que necesariamente tendrá que abrirse cuando tenga que revisarse el modelo que se va a aprobar, sería bueno que no se perdiera de vista lo que hemos vivido en estos últimos años y que no se repitieran insultos como los que se han producido.

Por lo demás, éste es un asunto que tiene que ser pactado no entre partidos, sino entre gobiernos, entre el Gobierno de la nación y los gobiernos de las comunidades autónomas. El pacto de reforma estatutaria sí debe ser un pacto entre partidos. En realidad todos los pactos de reforma, excepto el catalán, han sido pactos entre partidos. Pero el pacto de reforma del modelo de financiación no puede ser un pacto de partidos, sino que tiene que ser un pacto de gobiernos, pues aquí no se trata de fijar las reglas generales de la convivencia, sino de cuadrar las cuentas que permitan a los distintos Gobiernos, estatal y autonómicos, realizar las tareas que tienen cada uno encomendadas de acuerdo con el modelo constitucional de distribución territorial del poder. Esperanza Aguirre es presidenta de todos los madrileños, no sólo de los que la han votado, de la misma manera que Manuel Chaves lo es de todos los andaluces. Todos tienen que ser tomados en consideración a la hora de pactar la financiación. Eso no pueden hacerlo Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro.

Comprendo que para un partido de gobierno que está en la oposición resulte frustrante no ser una pieza clave en la definición de algo tan importante como es el modelo de financiación, pero las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. En 1996 y 2001 ocurrió a la inversa. Y de una manera mucho más autoritaria, como recordamos muy bien en Andalucía. Y como recordarán sin duda, Mariano Rajoy, Javier Arenas y Cristóbal Montoro, por un lado, y Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, por otro.