El tripartito exige que se evalúe el impacto de la nueva cárcel alavesa

El Gobierno vasco inició ayer los trámites para reclamar al Ejecutivo central que dé marcha atrás y realice la evaluación de impacto ambiental del proyecto de una nueva cárcel en Iruña de Oca (el municipio próximo a Vitoria que tiene por cabeza la localidad de Nanclares), en los terrenos del antiguo polvorín de Zaballa. El tripartito hizo pública una declaración tras su reunión semanal en la que considera que la decisión del Ejecutiuvo socialista de saltarse este trámite alegando razones de urgencia supone un "atropello jurídico y ambiental injustificable" y anuncia que llevará su queja ante la Comisión Europea si su petición es desoída.

El Consejo de Ministros ha declarado excluido del trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto de la nueva prisión, que sustituirá a la actual de Nanclares, según el acuerdo publicado en el BOE el pasado viernes. El tripartito recordó ayer que la ubicación del nuevo penal se conoce desde enero de 2006, por lo que resulta "inaceptable" alegar ahora motivos de urgencia.

El Ejecutivo añade que el proyecto afecta "de forma apreciable" a lugares incluidos en la Red Natura 2000 y que el emplazamiento propuesto infringe la normativa vasca de ordenación del territorio, al tratarse de un lugar protegido por el Plan Territorial Parcial de Álava Central.