Los enfermos de cáncer, los únicos con tiempo máximo de espera

En teoría, debería existir un tiempo máximo de espera para practicar una radiografía, un electrocardiograma o someterse a una intervención quirúrgica. No ya por respeto a los pacientes o puro sentido común, sino porque lo dice la ley. La Generalitat se comprometió a fijar todos estos plazos en el artículo 14 de la Ley de Ordenación Sanitaria (LOS), en el que expone el llamado plan de garantía de no demora.

Sin embargo, al margen de unos tiempos orientativos y sin valor vinculante que maneja Sanidad de forma interna, casi seis años después de haberse aprobado la LOS -en febrero de 2003- solo se ha avanzado en esta norma en lo que se refiere a tratamientos oncológicos. "Es un objetivo muy ambicioso y difícil de cumplir", explica Marisa Carreras, directora general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, respecto a la literalidad del artículo. A pesar de ello, sostiene que se extenderá al resto de procesos. "Hemos empezado por donde es más urgente y necesario [la oncología] y por la especialidad en la que hay mayor consenso entre las sociedades científicas", indica Carreras. De hecho, este es otro de los problemas que plantea, ya que no hay consensos sobre plazos entre las mismas sociedades científicas, como apunta la propia directora general, y habría que llegar a acuerdos con ellos para dar base científica a los plazos.

La norma, aprobada cuando Serafín Castellano se encontraba al frente del departamento que ahora dirige Manuel Cervera, no solo impuso la obligación de fijar tiempos de espera de pruebas diagnósticas y tratamientos "con la participación de las sociedades científicas". La apuesta fue mucho más lejos ya que, transcurrido este periodo que debería de fijarse, la Generalitat autorizaba a los pacientes que lo desearan a recurrir a cualquier hospital privado del territorio valenciano "que libremente asumiera el paciente, previa solicitud del mismo", según la ley, y devolverles el dinero.

En otras palabras, la Administración valenciana asumió el reto de, transcurridos los plazos, correr con los gastos de "las pruebas diagnósticas, terapéuticas o el tratamiento quirúrgico" correspondiente. El procedimiento relacionado con la elección de centro y responder a la factura lo emplazaba a un posterior reglamento que aún no se ha elaborado.

El artículo 14 sólo ha sido desarrollado en una parcela y de forma muy parcial. Se trata del decreto 15/2007 por el que se establecen mecanismos para agilizar la asistencia sanitaria a procesos oncológicos. Este documento sí plantea plazos y establece un periodo de 15 días para el tratamiento quirúrgico, siete para el de quimioterapia y 28 para radioterapia (corregido a la baja por Sanidad a 20). En cuanto a los tiempos entre la sospecha y el plan terapéutico (propuesta de tratamiento a partir del diagnóstico) el decreto señala que "se definirá en cada proceso".

La consejería ha elaborado guías de práctica clínica referidos a otros tipos de tumores, como los de mama, melanoma, colorrectal o cáncer de cérvix, que tiene previsto desarrollar reglamentariamente.

Además, existe un convenio con el Instituto Valenciano de Oncología -una fundación privado que se nutre fundamentalmente de pacientes de la red pública- que sirve para derivar enfermos a este centro sanitario.