Una huelga en vía muerta

Tras diez meses, el conflicto laboral que viven las trabajadoras de la residencia de ancianos de Ariznabarra, en Vitoria, parece haber entrado en vía muerta. No se vislumbra ninguna solución para el único geriátrico alavés de titularidad pública y gestión privada. Las 125 trabajadoras que atienden a las 140 personas mayores que viven en la residencia llevan en huelga desde el pasado 18 de febrero, en protesta porque la empresa Mapfre Quavitae se niega a mejorar las condiciones del convenio estatal y se opone a cualquier negociación. Al mismo tiempo, censuran la postura de la Diputación alavesa, que rechaza intervenir en la resolución del conflicto.

"Claramente, se trata de una responsabilidad del diputado general, Xabier Agirre, a quien parece que le molesta la protesta de más de 100 trabajadoras en reivindicación de sus derechos", dice Izaskun Gana, representante de ELA. La central nacionalista es la fuerza sindical mayoritaria en Ariznabarra, donde ya obtuvo un primer éxito en las movilizaciones de 2002. Entonces, las trabajadoras consiguieron, después de una huelga de ocho meses, una mejora de sus condiciones salariales gracias a la mediación del entonces diputado general, el popular Ramón Rabanera.

La central reprocha a la Diputación que no quiera intervenir en el conflicto

Aquel acuerdo se firmó para cinco años y mejoraba el convenio estatal. Una auxiliar de clínica pasó de ganar 860 euros mensuales brutos a 1.400. En la revisión para 2008, la empresa decidió, sin embargo, mantener los sueldos, pero considerando como base la del convenio estatal (860 euros) y el resto, como un complemento. "Esta división del salario puede tener consecuencias graves, porque los complementos pueden desaparecer", recuerda Gana.

El 18 de febrero llegó la huelga. El representante de Mapfre Quavitae se mostró inflexible en la negociación, por lo que el recién estrenado gobierno tripartito nacionalista en la Diputación alavesa tuvo que intervenir en el conflicto. Resolvió problemas financieros heredados del anterior equipo popular, que suponían 2,14 millones de euros, sin exigir contrapartidas a la empresa. Mientras, los empleados de la residencia continuaban con el pulso, gracias a los ingresos por los servicios mínimos fijados y la poderosa caja de resistencia de ELA. Y así hasta hoy.

El conflicto podría llegar al enquistamiento que alcanzó la huelga de la planta de Pferd Ruggeberg, más conocida como Caballito, en la capital alavesa, que se extendió entre 2003 y 2005. Entonces, tras 745 días de huelga impulsada por ELA y respaldada por su caja de resistencia, se asumieron las condiciones que ya se habían alcanzado en la primera negociación, con el consiguiente desgaste sindical. "En Ariznabarra no hay razones para mantener el conflicto. Las trabajadoras se están equiparando con los funcionarios, sin pasar una OPE", advierte el diputado general, Xabier Agirre.