Juez y Tribunal de Cuentas investigan el contrato de la cuarcita del Gaiás

La justicia ha entrado de lleno en el caso de la cuarcita de la Cidade da Cultura, en el monte Gaiás de Santiago. La Xunta de Manuel Fraga encargó la piedra a una empresa del ex alcalde de Ortigueira Antonio Campo, del PP, un año antes de sacar a concurso el suministro. Y se lo adjudicó, a pesar de que un informe encargado por la propia Fundación Cidade da Cultura alertaba de las "incertidumbres" de las reservas para el revestimiento de todos los edificios del complejo cultural. El juzgado de instrucción número 1 de Santiago y el Tribunal de Cuentas investigan los hechos.

La Consellería de Cultura se ha visto obligada a buscar en Brasil una cuarcita de características similares a la que se extraía de Muras (Lugo), debido a que las reservas se confirmaron insuficientes y de mala calidad. La cantera se explotaba sin licencias de ningún tipo, por lo que la Consellería de Política Territorial acabó por dictar su cierre. La UTE formada por la empresa de Campo y otras dos compañías ha ingresado dos de los seis millones de euros del presupuesto consignado. La Xunta presentará una demanda para recuperar los dos millones y exigir daños y perjuicios.

La Cidade da Cultura trae la piedra de Brasil para completar la obra

El caso se ha judicializado después de que los hechos fueran incluidos en el informe del Consello de Contas sobre la Cidade da Cultura. El Tribunal de Cuentas ha actuado a instancias del consejo gallego. Mientras, la titular del juzgado número 1 de Santiago, Ana López Suevos, ha solicitado a la consellería toda la documentación disponible sobre la adjudicación de la cuarcita, en la que está centrando sus investigaciones sobre las irregularidades relacionadas con la Cidade da Cultura cometidas durante el Gobierno del PP.

El ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela, del PP, fue dejando abundantes pistas de su intención de adjudicar la cuarcita del Gaiás a Campo. En agosto de 2001 concertó una entrevista de los administradores de la empresa con el arquitecto del proyecto, Peter Eisenman. Un informe de la empresa Proesga iniciado en 2002 y cerrado el 25 de febrero de 2003, además, identificaba con precisión la piedra que se iba a instalar en el Gaiás, pese a que el anuncio del concurso público no se publicó hasta el 13 de junio de ese mismo año. Tal era la seguridad de que esa sería la cuarcita elegida que hasta existía un informe que advertía de las previsibles deficiencias de suministro, y recomendaba al Gobierno de Fraga que exigiera algún tipo de garantía formal.

"Las incertidumbres en cuanto a las reservas que en estos momentos presenta esta cantera aconsejan que el fabricante ofrezca algún tipo de garantía formal que le implique en el suministro", reza una de las recomendaciones del informe. La Xunta hizo caso omiso, pero las previsiones se cumplieron a rajatabla. Desde el primer día el suministro fue escaso y deficiente, lo que obligó a rechazar buena parte del material y a ralentizar la ejecución de las obras.

La situación se agravó con la orden de cierre de Política Territorial, dictada el 11 de diciembre de 2006 por la inexistencia de licencias municipal y autonómica, aunque hasta el verano del siguiente año, Campo siguió con las extracciones. El entonces alcalde incluso ofreció mantener el suministro con un sobreprecio de entre el 135% y el 166%.

La empresa sólo pudo entregar 30.000 de los 50.000 metros cuadrados de cuarcita que le habían sido encargados, con los que se cubrieron los edificios del Arquivo Nacional y la Biblioteca. Los restantes serán recubiertos total o parcialmente con el material procedente del Estado brasileño de Minas Gerais. Según la consellería que dirige Ánxela Bugallo, el color y las características son las mismas que la de la cuartica de Muras, por lo que no se apreciará la diferencia.

Esta vez no ha sido la Xunta, sino las empresas que construyen el complejo las que han contratado la piedra, como suele ser habitual en este tipo de obras. Del presupuesto sólo ha trascendido que de momento ya eleva en 400.000 euros el aprobado en 2003. Antonio Campo dimitió sorpresivamente como alcalde de Ortigueira el 4 de octubre de 2007, una semana antes de que comenzaran las comparecencias en la comisión parlamentaria de investigación de la Cidade da Cultura.