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Fin del esperpento

La materia de Ciudadanía no se impartirá en inglés; Camps debe asumir responsabilidades

La Generalitat valenciana ha tenido que rendirse a la evidencia: impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés era una decisión extravagante. La movilización de profesores, padres y alumnos ha obligado al Gobierno de Camps a volver sobre sus pasos, poniendo fin al esperpento de una materia impartida mano a mano entre un profesor y un traductor.

El capítulo dista de estar cerrado. Y desborda los estrictos límites de la polémica acerca de Educación para la Ciudadanía, en la que tantos excesos se han cometido desde algunos Ejecutivos autonómicos del Partido Popular y algunos sectores sociales, entre los que destaca la Iglesia católica. La realidad de lo que ha sucedido en Valencia es que una decisión del Gobierno autónomo ha privado a los alumnos de la comunidad de la enseñanza de una asignatura que forma parte de su currículo. Durante todo un trimestre, la Generalitat los ha utilizado como rehenes para obstaculizar la aplicación de una ley estatal con la que no está de acuerdo.

El pulso entre la Generalitat y la comunidad educativa se ha resuelto a favor de ésta, y Camps no puede ahora escamotear las graves responsabilidades políticas contraídas. La renuncia a seguir adelante no devuelve las cosas al punto de partida, sino que obliga a un gesto inequívoco. ¿Ceses o dimisiones, por ejemplo? Ésa sería una respuesta política a la altura tanto de la falta de respeto hacia profesores, padres y alumnos de la que ha hecho gala la Generalitat, como de la frivolidad con la que ha dispuesto del derecho a la educación de los jóvenes valencianos.

La amplia movilización contra la decisión de impartir la asignatura en inglés es la prueba de que no todo vale a la hora de gobernar. Y, en este sentido, bien harían en tomar nota de lo sucedido en Valencia comunidades como la de Madrid, que está ejerciendo su oposición a la asignatura por procedimientos que anteponen el interés político o de partido a la obligación de ofrecer a los jóvenes la mejor educación posible. Por muchas razones que puedan alegarse contra Educación para la Ciudadanía, ninguna autoriza a prescindir de los procedimientos establecidos para impugnar una ley ni a sortear su cumplimiento mediante ardides.

El Gobierno de Camps se enfrenta ahora a los vientos que ha sembrado: gracias a una extravagancia, los valencianos han descubierto que su sistema educativo tiene carencias, y ahora piden cuentas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 17 de diciembre de 2008.

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