El Gobierno aprueba la ley de Vivienda para salvar el compromiso de Madrazo

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, de EB, reconoció ayer finalmente que la ley de Vivienda, una de las principales de su departamento, no saldrá adelante en esta legislatura, en contra de lo que prometió reiteradas veces a lo largo de los últimos meses. Madrazo compareció ante la prensa poco después de que el Consejo de Gobierno diese luz verde al proyecto de ley, cuyos primeros borradores se debatían ya en marzo pasado, cuando no queda tiempo material ni siquiera para que pueda iniciar su trámite parlamentario ante la cercanía de las elecciones de marzo. El Ejecutivo salva así testimonialmente la palabra del consejero, cuando conflictos como la investigación de los casos Guggenheim y Balenciaga han agrietado la cohesión del tripartito, y trata de acallar la percepción generalizada de que el proyecto no estaba consensuado ni siquiera entre los propios socios del Gabinete. "Es una propuesta del Gobierno vasco en su conjunto y no sólo de EB como intencionadamente se ha dicho", sostuvo Madrazo.

"En el plazo máximo de un año será una realidad", sostiene Madrazo

"No podrá ser esta legislatura porque no da tiempo, pero en el plazo máximo de un año será una realidad", solemnizó el consejero, quien se mostró convencido de que la ley saldrá adelante en el próximo mandato "gobierne quien gobierne", con el argumento de que es el proyecto "más progresista" de España en la materia.

El texto, cuyas principales novedades ya fueron adelantadas por el propio Madrazo en octubre, establece que Euskadi deberá disponer de 35.000 viviendas protegidas en alquiler en un plazo de diez años desde la entrada en vigor de la ley. Actualmente, existen unas 15.000. Los ayuntamientos de más de 3.000 habitantes contarán con 15 años de margen para disponer de un parque de pisos protegidos en alquiler equivalente al 5% del total de viviendas del municipio. La ley quiere convertir el acceso a la vivienda en un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, como la sanidad o la educación, aunque de forma progresiva: los primeros beneficiarios serían los demandantes de vivienda social que lleven cuatro años consecutivos inscritos en las listas de Etxebide, quienes deberían ver satisfecha su demanda como máximo a los cinco años de la aprobación de la ley. Ese derecho se extendería después a otros colectivos de demandantes de casa.

El proyecto incluye la posibilidad de penalizar fiscalmente en el IBI a los dueños de viviendas vacías que rechacen las facilidades públicas para alquilar su piso. Por vez primera vez se establece una definición legal de vivienda desocupada -la que permanezca vacía 350 días al año sin habitantes registrados en el padrón-. El proyecto renuncia, en cambio, a gravar con un canon las viviendas desocupadas tras la fuerte resistencia mostrada por las diputaciones y el PNV, y las dificultades jurídicas que planteaba su aplicación. Los propietarios de un piso protegido deberán ponerlo a disposición de la Administración si compran otro en el mercado libre.

La aprobación del proyecto no pasa de ser "un brindis al sol", según criticó el parlamentario socialista Jesús Loza, especialista en su partido en materia de vivienda. "Es un simple gesto de cara a la galería, sin mayores repercusiones para la sociedad vasca y para miles de personas angustiadas por el problema de la vivienda", destacó. Loza puso de relieve que el tripartito "ha sido incapaz de cumplir, en esta como en anteriores legislaturas" el compromiso de sacar adelante una ley de Vivienda porque "sus preocupaciones eran otras y estaban centradas en la consulta autodeterminista de Ibarretxe".

Madrazo destacó que su departamento ha trabajado "sin descanso" para intentar un pacto con el PSE, EHAK y Aralar y tramitar la ley en tiempo récord antes de que la Cámara eche el cierre este mismo mes. "La proximidad de los comicios autonómicos y las prioridades políticas del periodo preelectoral han impedido un acuerdo de mínimos", apuntó. En marzo pasado, Madrazo se comprometió a remitir el proyecto a la Cámara antes del 30 de junio. En octubre, afirmó que llegaría sin falta al mes siguiente. Ahora, la legislatura acabará sin la ley.