Las eléctricas tendrán 25 años para cumplir la ley de suministro

Al final no será de 3.500 millones, sino de 550 millones el coste que la nueva ley eléctrica acarreará al sector, sobre todo a Fecsa-Endesa. Pero tampoco serán los mismos los plazos que la compañía eléctrica deberá asumir para cumplir la norma. La ley, aprobada ayer por el Parlament, le da 25 años para que toda la red de media tensión sea de 25 kilovatios, lo que requiere sustituir el tendido de 11 kilovatios. En el anterior borrador el plazo era de dos años.

Los partidos que apoyan al Ejecutivo catalán (PSC, ERC e ICV) lograron que CiU y PP respaldaran ayer la ley. Ciutadans decidió abstenerse. Esta ley, que CiU llegó a pedir que se guardara en el cajón, viene a dar respuesta a las deficiencias que puso de manifiesto el apagón de Barcelona de julio de 2007. Entonces hasta 350.000 abonados se quedaron sin luz.

La parte más costosa de la ley, según el sector, es la que obliga a las eléctricas a alimentar al 90% de los usuarios con más de una subestación. Endesa alegó que eso suponía duplicar activos, pero durante el trámite parlamentario admitió que podría asumirlo con la mayoría de los abonados que residen en zonas urbanas.

Máximos de reposición

Las eléctricas también están sujetas por ley a reponer el servicio en unos plazos máximos en caso de apagón. Dentro de dos años, en zonas con más de 20.000 suministros, el 90% de los afectados deberá tener luz, como mucho, en dos horas. En localidades de entre 2.000 y 20.000 abonados, los plazos serán de cuatro horas para el 90%, y en áreas rurales, de seis horas también para el 90% de los usuarios. La norma da dos horas más en cada caso para que todos los abonados vuelvan a disponer de electricidad.

Más laxa será la Administración con los plazos. En el caso de la doble alimentación, dependerá de la puesta en servicio de las instalaciones de transporte que prevé el Gobierno central. Las compañías tendrán 25 años para que toda la red de media tensión sea de 25 kilovatios. El anteproyecto decía dos años, pero los colegios profesionales y el sector aseguraron enseguida que era inviable.

En Barcelona, por ejemplo, el 60% del tendido es de 11 kilovatios. Los ingenieros industriales calcularon que el cumplimiento de la ley suponía duplicar infraestructuras, sobre todo subestaciones y redes de distribución. Además, añadieron que supondría abrir el 75% de las calles. El nuevo proyecto rebaja esas pretensiones. Y los mismos ingenieros avalan la estimación del coste que tendrá para las eléctricas, de 550 millones.