Así patrullan los 'policías culturales'

La imagen se repite cada noche allá donde hay un concierto. El músico o su representante en la tierra se sienta poco antes de actuar frente a una hoja de papel y escribe las canciones que va a interpretar. Sean suyas o ajenas. Carlos Rocha, de 30 años, es testigo de ese momento una media de 15 veces a la semana. Trabaja como representante o inspector de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Él sólo tiene que estar allí, entregar el papel en blanco, esperar que los músicos escriban los títulos de las canciones y, si no está muy interesado en el concierto, volverse a casa. "Hay algunos que pasarían inadvertidos entre cualquier seguidor de un grupo de rock", dicen desde la banda punk King Putreak. Como el resto de los 91.000 afiliados de la SGAE (de Luis Cobos a Extremoduro; de Bisbal a Barricada), éstos cobran derechos de autor por sus canciones.

El viernes, Rocha visitó dos discotecas, tres bares y un par de conciertos. Confirmó la lista de canciones que los grupos tocaron, informó. Y comprobó que los locales (bares, discotecas, pubs...) tengan en orden sus licencias y paguen la tarifa que les corresponde por pinchar música. Aunque sea de fondo. Como él, 186 inspectores, recorren España. Son los ojos de la SGAE en la calle. El cuerpo de la policía cultural de la entidad de gestión de derechos de autor. Su labor es informar cuando la ley no se cumple. Entonces es la organización la que actúa. "Se intenta agotar la vía pacífica, mediante varios avisos. Si no, se recurre a otras formas de conseguir pruebas para presentar ante el juez", asegura Javier Trujillo, director comercial de la SGAE.

Así se hizo en 2007, en el caso de la boda en Sevilla que ha centrado la atención mediática esta semana. Entonces, la entidad de gestión acudió a la agencia de detectives privados Método 3, conocida por actuar en el caso de la desaparición de Madeleine McCann y cuyos empleados, además de trabajitos como el de Sevilla, actúan en ocasiones como escoltas de altos cargos de la SGAE, según fuentes cercanas a la institución. Sobre la actuación en el salón de bodas hispalense, Trujillo opina: "Quizá no sea la forma más ortodoxa, pero algo hay que hacer. En las bodas la ley dice que hay que pagar la música, al igual que se paga la luz, el agua o los langostinos", prosigue Trujillo.

Esta clase de actuaciones pone en alerta a las autoridades, como quedó patente el miércoles en la presentación en el Ministerio de Cultura del Manual de buenas prácticas para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual. A la mesa se sentaron, entre otros, Guillermo Corral, director general de Política e Industrias Culturales del ministerio, y Joaquín Delgado Martín, del Consejo General del Poder Judicial. Cuando los periodistas insistieron en preguntar si actuaciones como la de la SGAE en Sevilla se podían encuadrar dentro de ese difuso concepto de "buenas prácticas", Delgado respondió: "Sólo la justicia y la policía pueden perseguir delitos de piratería, aunque en algunos casos estas entidades de gestión puedan solicitar su ayuda".

La SGAE es una entidad privada y como tal no puede tomarse la justicia por su mano. Pero tampoco se resigna a quedarse de brazos cruzados. En el caso de los conciertos, el conflicto surge de otra forma que en los salones de boda. Si la entrada excede de 10 euros es el promotor del evento el que debe pagar el 10% de la taquilla. La Asociación de Promotores Musicales (APM) cree que "la empresa que cuenta a los asistentes a los conciertos tiene un margen de error demasiado alto". Por su parte, la SGAE asegura que sólo utiliza la labor de los cliqueadores -los que cuentan el aforo-, como "datos de contraste".

Además de los representantes como Carlos Rocha existe la modalidad de los técnicos musicales: expertos que visitan los conciertos "donde pueda existir una duda" en cuanto al formulario que rellena el músico. Para evitar que, por ejemplo, no se declare la interpretación de alguna versión de material ajeno generadora de derechos de autor. En ocasiones, estos técnicos graban el concierto en vídeo para presentarlo como prueba de la infracción. "Nuestro papel no es el de amenazar", asegura Jesús López, coordinador nacional de esa red de inspectores, "sino de informar".

Lo cierto es que unos y otros han tenido más trabajo que nunca estos cinco años. Curiosamente desde que las cifras de ventas de discos han descendido. Javier Trujillo asegura que, a veces -"las menos"-, algunos no están dispuestos a pagar la tarifa que le corresponde y se puede consultar en la web de la SGAE. "Entonces la respuesta del propietario del local suele ser: '¿Por dónde te quieres marchar? ¿Por la puerta o por la ventana?", remata Trujillo."Nuestro papel es el de informar", según el coordinador de investigadores