Un proceso sin precedentes en las Juntas Generales

El proceso que ha vivido el Impuesto de Sociedades en Guipúzcoa a lo largo de los dos últimos años no tiene precedentes en la historia parlamentaria de esta provincia. La reforma ha estado jalonada en este tiempo por un sinfín de desencuentros y disputas entre el PNV y EA, socios en la Diputación, que llegaron incluso poner en peligro su continuidad como coalición de gobierno tras el decreto foral firmado en diciembre del año pasado por el diputado general, el peneuvista Markel Olano.

Los nacionalistas han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre el tipo general hasta casi el último trimestre de este año. Han dado una imagen de desunión total, hasta el punto que hubo que desconvocar in extremis un acto organizado por el lobby Gipuzkoa Aurrera en el que se iba a anunciar el "pacto fiscal" PNV-EA. No se celebró porque la dirección de EA no había dado su visto bueno al acuerdo con el PNV, aunque al día siguiente EA lo anunció por su cuenta.

Cuando la tramitación normativa ha llegado casi a su fin, ayer estuvo a punto de torcerse definitivamente al decaer el dictamen del impuesto en la Comisión de Hacienda por la abstención del PP. La presidenta de las Juntas Generales, la socialista Rafaela Romero, tuvo que intervenir y convocar con urgencia a la Mesa para aclarar las dudas que generaba el rechazo.

Este órgano decidió aceptar que en el pleno del próximo día 18 se pueda debatir y votar el proyecto de norma a través de votos particulares y enmiendas. Esta decisión fue apoyada por el PNV, EA y PP. Ezker Batua votó en contra, mientras que la presidenta Romero se abstuvo, pese a que su grupo consideró que no se podían admitir enmiendas ni votos particulares al no existir ningún dictamen.