Las ayudas por tener hijos se convierten en derechos reclamables en los tribunales

Las ayudas que reciben los padres vascos por tener hijos se han convertido en derechos subjetivos, es decir, que podrán ser reclamadas ante los tribunales en caso de impago. De esta forma, se les otorga el mismo rango legal que a los servicios sociales, que también serán exigibles ante los tribunales; la renta básica, la educación, la sanidad o las pensiones. Ninguna de estas prestaciones dependerá de que el Gobierno disponga de fondos o no. Todos los ciudadanos tienen derecho a recibirlas de forma gratuita -en el caso de la renta básica depende del nivel de ingresos-. El Parlamento dio ayer luz verde a la Ley de Apoyo a la Familia, que reúne en un sólo texto todas las ayudas y prestaciones que las instituciones vascas ofrecen a los hogares de Euskadi. La norma salió adelante con el respaldo del tripartito, los socialistas y el PP. EHAK y Aralar votaron en contra.

La aplicación de la ley supondrá un gasto de 1.703 millones hasta 2010

La ley no detalla el calendario para la ampliación de las ayudas que se conceden en la actualidad (para el primer, segundo y tercer hijos), pero se fija como objetivo el año 2020 como tope para que terminen de extenderse a nuevos tramos de edad hasta alcanzar al final del periodo los 18 años. La concesión de los subsidios a medida que los niños vayan creciendo, lo que se conoce como "tener hijos a cargo", se irá concretando en los sucesivos planes de apoyo a las familias que el Gobierno vasco tiene previsto elaborar entre los años 2011 y 2020.

Los ingresos de los hogares que reclamen una prestación se ponderarán con arreglo al número de hijos, algo que no ocurre ahora. La idea es que una determinada renta puede parecer elevada si el hogar está compuesto por una o dos personas, pero no lo es tanto si lo componen cinco o seis miembros.

La norma también regula las ayudas por excedencias o reducciones de jornadas para conciliar la vida familiar y laboral, y las ayudas para el cuidado de personas dependientes y menores. La inversión pública que llevará aparejada la aplicación de la ley ascenderá aproximadamente a 1.703 millones de euros hasta el año 2010.

Cerca de la mitad del gasto irá destinado a financiar los servicios de apoyo a las familias y otro tanto, a las ayudas vía descuentos fiscales en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Las tres diputaciones aportarán más de seis de cada diez euros de gasto; el Gobierno, cerca de tres de cada diez euros, y los ayuntamientos, uno de cada diez.

El pacto social suscrito entre el tripartito y el partido socialista en marzo del año pasado ha posibilitado que la tramitación de la ley se realice sin sobresaltos y garantizándose los votos necesarios para salir adelante en el pleno final.

La parlamentaria del PSE y participante en ese acuerdo Gemma Zabaleta resaltó durante el debate de ayer la "paz social" que el Gobierno que salaga de las urnas en marzo se garantiza para al menos la próxima década con esta norma gracias al amplio consenso que ha cosechado. "Con el tiempo, habrá que realizar actualizaciones, pero se ha dado un gran paso y al que le toque gobernar lo podrá hacer con más tranquilidad", resaltó la parlamentaria del PSE.