La nueva cara de la protección social

La Ley de Garantía de Ingresos es la nueva cara de la protección social. Aunque le queda el trámite final de su aprobación en pleno, ayer dio un paso de gigante al refrendarse el dictamen elaborado en la ponencia. El apoyo del tripartito y el PSE va a ser suficiente para otorgar carta de naturaleza a la futura norma (en el pleno del próximo 23 de diciembre), que supone la derogación de la actual Ley de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, vigente desde hace diez años. El PP se abstuvo y EHAK votó en contra. Los nuevos tiempos habían dejado obsoletos algunos conceptos y por eso era necesaria su revisión.

La principal novedad estriba en su filosofía y concepto. A diferencia de la ley actual, donde prima su carácter asistencial, la futura norma pone el acento en la necesidad de ayudar por todos los medios a que los perceptores de la renta básica y demás subsidios sociales, es decir, los vascos con menos recursos (alrededor de 75.000) se inserten en el mercado laboral. "Es la mejor fórmula para huir de la exclusión", razonó el consejero de Empleo, Justicia y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, de cuyo departamento depende el texto.

La Ley de Garantía de Ingresos salva su penúltimo trámite antes del pleno final

La Ley recogerá la renta básica (alcanza hasta el 88% del Salario Mínimo Interprofesional), de la que colgará una ayuda para las pensiones más bajas (en torno a 21.000) que llegará hasta el 100% del SMI. Precisamente la definición de este complemento para los pensionistas estuvo a punto de echar por tierra el acuerdo. Los socialistas rechazaban que se denominará abiertamente complemento de pensiones porque entraba en colisión con las prestaciones que en exclusiva le corresponden al Gobierno español. Al final, se ha optado por una fórmula intermedia auspiciada por el PP que consiste en hacerla depender de la renta básica sin más.

Además, figura la renta complementaria de ingresos de trabajo, que permitirá a las personas que disponen de una ocupación completar su salario hasta alcanzar al menos el SMI. Se crea la prestación complementaria de vivienda, destinada al pago del alquiler de las personas con menos recursos y se mantienen las Ayudas de Emergencia Social (AES), cuya única finalidad es cubrir puntualmente alguna necesidad perentoria en el hogar, como la compra de un electrodoméstico básico o una reparación indemorable.

Todas estas ayudas son compatibles entre sí. Es decir, que un mismo perceptor podría recibirlas todas en el supuesto de que cumpliera la serie de condiciones legalse que se establecen para ello. Los ciudadanos que reciben la renta básica deberán renovar cada dos años su solicitud. En ningún caso pierden el derecho a percibirla si se mantienen las condiciones, pero deben realizar esa renovación. La Administración se encargará de avisarles con tiempo suficiente para que acudan a firmar el nuevo acuerdo.