La policía pondrá cámaras en comisaría para evitar torturas

El Gobierno negocia con varias ONG un plan de Derechos Humanos que pretende recoger algunas de las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su última reunión de 31 de octubre pasado y del relator especial de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, que visitó España en mayo invitado por el Ejecutivo español.

El plan, que tendrá una vigencia de cuatro años, se apoyará, según un borrador al que ha tenido acceso este periódico, en la igualdad, no discriminación e integración de las personas, así como en las garantías que protegen los derechos humanos.

El documento señala que se pretenden ampliar las garantías legales del detenido, con la reducción del actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada, la prohibición de la detención incomunicada a menores de edad, y la puesta en funcionamiento de técnicas de grabación en dependencias policiales, para prevenir posibles casos de malos tratos y torturas. Lo que en determinadas instancias judiciales se conoce como el Protocolo Garzón, a las que se añaden las visitas de médicos de confianza de los detenidos acompañando a los médicos forenses oficiales.

Las medidas no contemplan la erradicación de la incomunicación de los detenidos por ser sospechosos de terrorismo, como pedía Scheinin, pero sí se eliminará la incomunicación de menores de edad.

Centros de inmigrantes

El plan prevé también la mejora de los derechos humanos en los centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros.

El documento destaca también que se pretende mejorar la tutela judicial efectiva y garantizar la doble instancia penal, circunstancia por cuya vulneración España lleva siendo condenada sistemáticamente desde hace ocho años. También se prevé reducir los plazos y la mejora del servicio público en diferentes aspectos como el aumento de planta, la adaptación de la demarcación judicial y la implantación de la nueva Oficina Judicial, así como un Proyecto de Ley de Mediación.

En el marco de la Presidencia Europea de 2010, el plan adoptará una serie de medidas de promoción de los derechos humanos en el ámbito institucional, se pondrá en marcha el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos y se incorporarán al Código Penal la tipificación de aquellos crímenes internacionales que aún no se hayan incorporado a nuestro sistema penal. También se ratificará el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades.

En el marco de la política interior, el Gobierno trabajará por la igualdad, contra la discriminación y el racismo, promoviendo las reformas legislativas y acciones políticas necesarias, en ámbitos como la religión o creencias, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual, origen racial o étnico.