El Congreso velará si se cumple el Plan de Derechos Humanos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Plan de Derechos Humanos que incluye 172 medidas para su aplicación en España y en el exterior y entre las que destaca la ampliación de garantías para los detenidos, como la instalación de cámaras en las comisarías para que no se produzcan abusos en los interrogatorios o detenciones. El paquete de medidas, que hace necesarias algunas reformas legales, contará con mecanismos regulados para su control por parte del Parlamento y para la continua evaluación de su cumplimiento. El plan, resultado de un compromiso electoral del PSOE, pretende situar a España "en la vanguardia" del reconocimiento de una nueva generación de derechos frente a nuevos desafíos.

El plan contiene 40 medidas para desarrollar en el ámbito exterior, y 132 en el interior, entre ellas el impulso de varias reformas legislativas, como la "actualización y modernización" de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980, con la creación de un observatorio sobre el pluralismo religioso y más formación a los agentes públicos (policías, fuerzas armadas, sanitarios, etcétera). En el campo de las garantías legales de los detenidos, destaca la reducción del plazo para la asistencia letrada (actualmente fijado en ocho horas) o la instalación de cámaras en dependencias policiales donde permanezcan detenidos incomunicados. Se prohíbe igualmente la detención incomunicada de menores.

Entre las medidas destinadas a Interior también destaca el reconocimiento del derecho al voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes no comunitarios, así como una modificación legal para garantizar su derecho de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita. También se pretende mejorar la tutela judicial efectiva, garantizando la doble instancia penal, una reducción de plazos y la mejora del servicio público.

Hay medidas también para mejorar la lucha contra la violencia de género -campañas de información y sensibilización, participación de las organizaciones de mujeres y ONG, etc-. Respecto a las víctimas del terrorismo, se refuerza el estatus de la víctima en el proceso penal, hay un reconocimiento moral y político a las personas acosadas por el terrorismo y garantías para velar por la dignidad, el honor y la memoria de las víctimas.

Se establecerán garantías de derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros, con un Protocolo sobre servicios mínimos esenciales del funcionamiento y de régimen interno. Se prevé una reforma del sistema de asilo, para garantizar eficazmente la protección internacional de los refugiados.

El Plan reconoce el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un medio ambiente adecuado, promoviendo medidas para minimizar el impacto de la actividad humana en el territorio y para mejorar la calidad del medio ambiente en los núcleos urbanos.

De cara al exterior, destaca un Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Se firmarán y ratificarán instrumentos internacionales como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad; el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre municiones de racimo y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Se dará cumplimiento a los compromisos sobre cooperación al desarrollo, y en especial de los Objetivos del Milenio, a los que se destinará al menos un 50% de la ayuda española al desarrollo. El Gobierno luchará contra la pena de muerte y en la prevención de la tortura. Igualmente promoverá la protección integral a las víctimas del terrorismo y la Alianza de Civilizaciones.

Después de su aprobación en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, lo presentará el lunes ante la Asamblea General de la ONU y también tiene intención de hacerlo en el Congreso de los Diputados. Esa comparecencia no se celebrará, previsiblemente, hasta febrero, cuando comience el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, pero la intención del Gobierno es constituir "inmediatamete", a comienzos de año, la comisión de seguimiento, que dependerá directamente de la secretaría de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales.