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COLUMNA

Medidas contra la crisis

El Gobierno ha presentado unas medidas contra la crisis que se añaden a las ya tomadas a lo largo del año. El importe de las últimas asciende a 11.000 millones de euros y pretenden crear 200.000 empleos en la construcción y un número indeterminado en otros sectores. El conjunto de lo anunciado, contenido en un documento titulado Plan Español para el estímulo de la economía y el empleo, es bastante dispar y comprende medidas adoptadas el año pasado, como la reducción de impuestos, otras anunciadas a lo largo de la campaña electoral, como la reducción de 400 euros en el IRPF, y otras más recientes que se ajustan a las recomendaciones del Grupo de los 20 y de la Comisión Europea. No es de extrañar que el conjunto adolezca de falta de unidad, aunque no sería justo afirmar que carece de buenas intenciones.

Los planes financieros planteados pueden aliviar la situación, pero no resuelven el problema

La Administración intenta encuadrar sus actuaciones en el marco de las recomendaciones de la Unión Europea, pero hay que tener en cuenta que, en España, a la crisis general hay que añadir los efectos adicionales del desplome de la construcción residencial a la que hemos dedicado, durante varios años, más del doble de los recursos productivos que emplean nuestros vecinos, lo que equivale a más de cuatro puntos del PIB.

Es por ello razonable preguntarse si debemos ajustarnos estrictamente a las recomendaciones europeas. En cualquier caso, caben dudas sobre si la Administración ha medido bien los tiempos y las prioridades. Dada la situación de las empresas, ahogadas por la falta de crédito, lo más urgente debería ser intentar por todos los medios que se restablezca una situación de normalidad financiera. Para ello, la principal prioridad consiste en desbloquear el mercado interbancario para que los bancos puedan volver a prestarse dinero entre sí con normalidad y lo hagan a sus clientes. Cada día que pasa se debilita un poco más el tejido productivo, por lo que cuanto antes pueda detenerse la sangría, mejor será para todos.

Las medidas financieras planteadas pueden aliviar la situación, pero no resuelven el problema. La compra de activos de buena calidad a las instituciones financieras es una gota de agua en el océano. Es más importante, desde esta perspectiva, el aval al endeudamiento de los bancos, tanto por su cuantía como por la relativa sencillez de su aplicación. El apoyo a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, es acertado, pero no demasiado significativo. Lo más urgente es, por ahora, detener el deterioro de la situación financiera de las empresas.

Al tratarse de un conglomerado de medidas dispares, el Plan carece de unidad de propósito y no contempla las reformas estructurales que es preciso acometer. Entramos aquí en el largo plazo: si queremos plantear una salida de la crisis hacia el futuro, que ayude a resolver los graves problemas de competitividad que nos aquejan, y si lo que se desea es orientar la economía hacia lo que a veces se llama un nuevo modelo productivo y que, más modestamente, podría calificarse de un modelo menos basado en la construcción, lo que habría que plantear es diferente. Está bien que se pretendan crear 200.000 empleos en la construcción, pero si miramos más allá en el tiempo lo importante sería crear empleos en sectores productivos de mayor valor añadido, susceptibles de producir bienes y servicios exportables. Es pues necesario ocuparse del largo plazo, y la crisis actual es un buen momento para ello. Por no citar más que una prioridad, que debería ser inmediata, basta con pensar en la formación profesional. Hace meses se anunció que se iba a realizar un estudio para su reforma pero, por el momento, no parece que se haya llegado a ningún resultado práctico a pesar de que la mejora de la formación profesional sería de gran ayuda para recolocar a quienes han perdido sus empleos.

En definitiva, las propuestas de la Administración parecen centrarse en el medio plazo, al no abordar con decisión los problemas más urgentes, como el desbloqueo del mercado interbancario, ni los más importantes a medio plazo, como la reforma de la formación profesional, en particular, o la del conjunto del sistema educativo, en general. Aliviarán las consecuencias de la crisis, lo cual es de agradecer, pero no permitirán optimizar los recursos disponibles para luchar contra ella.

Sin una perspectiva temporal clara, y sin un diálogo más abierto con la oposición y con las fuerzas sociales, será difícil encontrar un terreno sólido, y con futuro, para salir de la crisis.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de diciembre de 2008