Los ayuntamientos pagarán en 30 días las obras del fondo municipal

Los ayuntamientos andaluces que ejecuten obras urgentes con el fondo de inversión municipal de la Junta de Andalucía "tendrán la obligación" de pagar a los contratistas a los 30 días de la certificación de la obra. Así lo estipula el decreto-ley del Programa de Transición al Empleo aprobado ayer por el Gobierno andaluz, que acorta a la mitad los plazos previstos en la ley de contratos del sector público, fijado en 60 días.

En cualquier caso esta directriz se cumple en muy raras ocasiones. Según un informe del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) hecho público ayer, los ayuntamientos de la comunidad tienen una demora en los pagos a las constructoras de nueve meses a un año de promedio.

La fijación de un tope de tiempo para abonar las obras a las empresas es una de las diferencias del decreto ley del Gobierno andaluz respecto al aprobado por el Ejecutivo de la nación, pero no es la única. Ambos persiguen la creación de puestos de trabajo mediante actuaciones municipales ejecutadas por las pequeñas y medianas empresas.

El fondo andaluz está dotado con 360 millones de euros, de los que 60 se destinarán para planes de formación. El criterio básico de reparto para acceder a las inversiones es el del desempleo, mientras que en el fondo estatal sólo rige la población.

La distribución del dinero autonómico para la ejecución de las obras se hará aplicando tres baremos: la población ponderará sólo un 20%; el desempleo a fecha 31 de octubre, el 50%; y la evolución del paro en el último año, el 30%.

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, subrayó ayer que esta asignación es "transparente y objetiva y no mira al color político de los ayuntamientos sino a los demandantes de empleo".

En total, los 770 ayuntamientos andaluces dispondrán de 1.726 millones de euros para actuaciones en los municipios durante un año: 300 millones del presupuesto andaluz y 1.426 de los fondos estatales. Según los datos aportados por Fernández, los ayuntamientos del PSOE -partido que gobierna en el 63,1% de los municipios- gestionarán el 55,6% de los 1.726 millones; los del PP, que suponen el 17,4%, el 25,3%; los alcaldes de Izquierda Unida (10,8%), el 11,2%; los del Partido Andalucista (4,8%), el 4,1%; y los independientes (4,8%), el 3,8% de los fondos.

El decreto, que deberá convalidar el Parlamento antes de fin de año, prima a los ayuntamientos de menos de mil habitantes, a fin de garantizar que reciban a la ayuda. Se les asigna 1.754,96 euros por desempleado y en los casos en los que no se registre paro, 111 euros por habitantes.

Los municipios de hasta 100.000 habitantes podrán contratar actuaciones públicas de hasta un millón de euros, mientras que los que superen esa población el tope se sitúa en cinco millones.

También a diferencia del decreto estatal, la normativa andaluza da juego a las diputaciones. Los municipios de hasta 20.000 habitantes podrán canalizar, si quieren, sus solicitudes a través de las instituciones provinciales, que las registrarán por vía telemática a la Consejería de Gobernación

El calendario de la Junta fija los siguientes plazos: desde hoy hasta el 23 de diciembre los ayuntamientos deberán presentar su solicitud; Gobernación responderá antes del 31 de diciembre; los ayuntamientos dispondrán de dos meses para presentar la documentación de los proyectos (febrero de 2009); a los 20 días, Gobernación ingresará el dinero; las obras municipales deben iniciarse a partir de marzo y tienen como fecha límite de terminación antes de junio de 2010.

Otra de las diferencias con el fondo estatal es el plan de formación. Las personas que hayan sido contratadas para las obras deberán realizar luego con carácter obligatorio cursos de formación. Durante tres meses podrán percibir una beca equivalente al salario mínimo interprofesional (516,9 euros).