El campo se rebela contra la decisión de la UE de ilegalizar el 82% de los plaguicidas
La decisión de la Unión Europea de prohibir la mayor parte de los plaguicidas ahora considerados legales -un 82% de ellos a medio plazo, según la UPA- ha movilizado al sector agrario andaluz y a la Junta de Andalucía, que hoy martes presentarán en Bruselas un documento en el que muestran su rechazo a una medida que califican como "arbitraria" y que, según apuntan, "pone en serio peligro la viabilidad de las explotaciones agrarias".
La estrategia andaluza plantea elaborar un estudio de evaluación de impacto (tanto socioeconómico como medioambiental) sobre el territorio, así como mantener las sustancias activas a sustituir hasta que se encuentren alternativas de similar eficacia, sin fijar plazos, para evitar situaciones de indefensión fitosanitaria.
Del mismo modo, Andalucía defiende el establecimiento de tres zonas en el marco europeo a la hora de autorizar los productos fitosanitarios, ya que los métodos de lucha contra las plagas en zonas húmedas como el norte de la UE, con funguicidas para tratar los hongos, no tiene nada que ver con las técnicas del sur, donde las plagas de insectos se aplacan con insecticidas.
Las organizaciones agrarias andaluzas consideran que la Unión Europea ha sucumbido ante una "espiral de falso ecologismo" con la prohibición de un gran número de materias activas que hasta ahora, subrayan, han sido los únicos métodos efectivos para acabar con las plagas y sus huevos.
"Bruselas ha transigido ante presiones ecologistas integristas dejando sin ninguna alternativa legal viable a los productores de diversos sectores que ya no saben como salvar sus explotaciones ante la desidia y desinterés de la Administración", apunta Juan Sánchez, portavoz sectorial de UPA.
Esta organización estima que el algodón, la remolacha y el tomate industrial serán los cultivos más afectados por la prohibición. Sólo en estos tres cultivos, las pérdidas superarían los 41 millones de euros al año (18,4 millones en algodón; 15,8 en remolacha y 7,4 tomate industrial). Pero, la caída de ingresos en el sector alcanzará también de manera grave a olivar, cítricos, melocotón, hortalizas, fresa, girasol y cereales, entre otros.
Los agricultores ponen como ejemplo de la repercusión de la medida la prohibición del Securet, marca comercial de ovicida muy eficaz para destruir plagas en cultivos como algodón, remolacha o tomate industrial. "Los tratamientos alternativos autorizados se muestran absolutamente ineficaces e incapaces de frenar las plagas, que están haciéndose fuertes en la mayoría de nuestras fincas y siguen devorando plantas", sostiene Sánchez.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- UPA
- Pesticidas
- Política agrícola común
- Política agraria
- Plagas
- Sindicatos
- Unión Europea
- Protección cultivos
- Sector químico
- Andalucía
- Organizaciones internacionales
- Sindicalismo
- España
- Problemas ambientales
- Relaciones exteriores
- Política laboral
- Relaciones laborales
- Trabajo
- Política
- Industria
- Medio ambiente
- Organizaciones agrarias
- Agricultura
- Agroalimentación