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Tribuna:

Sobre la inocencia

A cuenta de las responsabilidades exigidas o exigibles por crímenes cometidos durante la Guerra Civil, no está de más que se analicen en serio los comportamientos de los distintos actores que participaron en acciones de carácter genocida, que las hubo en todas las direcciones. Hay un amplio consenso entre los historiadores serios sobre el carácter esencialmente exterminador del movimiento rebelde. No sólo Franco, sino Queipo, Mola y bastantes militares y civiles más, coincidieron en dar a su actuación un decidido impulso asesino que fue bendecido por la Iglesia. El nacional catolicismo dio pie a la buena conciencia de aquellos asesinos sistemáticos. También es fácil coincidir en que no admite discusión la responsabilidad -investigada, pero también reconocida por muchos de sus protagonistas- de la Internacional Comunista en las decisiones que condujeron, por ejemplo, a la matanza de Paracuellos. Unas decisiones que fueron acompañadas por la colaboración personal y material necesaria de miembros de la dirección del PCE. Paracuellos, pero también Andreu Nin y otros numerosos casos.

La República era un régimen democrático entre cuyos apoyos había muchos asesinos

Sin embargo, permanece en el aire una opinión generalizada que atribuye inocencia en torno a las posiciones de otros grupos políticos que, a lo más, cargan con la culpa de haber practicado una violencia ciega, espontánea y de respuesta, pero nunca de haber desarrollado esa violencia de forma científica y genocida. Dirigentes anarquistas y del POUM son, por lo general, los beneficiarios de esa benévola opinión generalizada.

Antonio Elorza es uno de los historiadores serios que adopta esta actitud compasiva, tanto hacia los comunistas españoles como hacia los anarquistas.

Sin embargo, los hechos parecen ir por otro lado. Basta leer la prensa de la época para comprobar que desde Solidaridad Obrera o La Batalla se hacían llamamientos directos al exterminio de religiosos o de burgueses. Hay incluso testimonios que avalan que la FAI, la rama pistolera del anarquismo, tenía en Barcelona un plan sistemático de eliminación de personas antes de que se produjera la sublevación del 18 de julio de 1936.

El caso extremo es el de Paracuellos. Porque si bien parece ser incontestable que la iniciativa partió de un agente de la Internacional Comunista como Vitorio Codovila, uno de los creadores del V Regimiento, la decisión se concretó por un acuerdo entre las cúpulas del Movimiento Libertario y las Juventudes Socialistas Unificadas en la Junta de Defensa de Madrid. Las sacas de noviembre y diciembre fueron ejecutadas por orden de Amor Nuño, un joven anarquista presente en la Junta y alguien no identificado de las JSU, organización ya de obediencia comunista, que sólo podía ser Santiago Carrillo o su segundo, José Cazorla. A Segundo Serrano Poncela le tocó obedecer y poner en marcha la matanza. Esta responsabilidad está comprobada en el acta de la reunión del Movimiento Libertario de Madrid celebrada el 8 de noviembre, que tuve la fortuna de encontrar en los archivos anarquistas hace tres años.

Pero hay más: Melchor Rodríguez, el ángel de las prisiones, estuvo presente en esa reunión, y no figura su opinión al respecto. Lo que sí sabemos es que fue destituido oportunamente por su jefe, Juan García Oliver, ministro de Justicia del Gobierno de Largo Caballero, seguramente porque no mostraría su acuerdo con las matanzas proyectadas. Rodríguez fue repuesto en su cargo el día 6 de diciembre, cuando las sacas se terminaron. García Oliver estuvo, por tanto, informado de que se iba a proceder a la matanza, aunque en sus memorias, repletas de fantasías y tardías justificaciones, intentara echar toda la responsabilidad sobre dirigentes como Margarita Nelken.

No hay ningún indicio serio, por el contrario, que avale que ni el Gobierno de la República ni la Junta de Defensa de Madrid conocieran esa voluntad de exterminio puesta en práctica por los comunistas y anarquistas madrileños. Como no hay nada que implique a Companys u otros dirigentes de Esquerra Republicana en las sistemáticas matanzas de curas, carlistas o militantes de la Lliga de Cambó, realizadas por la FAI y el POUM. Hubo voluntad y planificación, pero no del Estado republicano, sino de las direcciones de grupos políticos que lo apoyaban. Comunistas del PCE y del POUM, anarquistas de la FAI y, es posible, alguna fracción de los divididos socialistas, que fueron los actores del asalto a la cárcel Modelo en agosto de 1936.

Esa distinción es importante. Y justifica que se pueda decir que la República era un régimen democrático entre cuyos apoyos había muchos asesinos. El movimiento salvador de la patria que encabezaba Franco, se puede definir como un sistema criminal al que también apoyaban personas decentes.

La República, logró reimplantar un régimen legal de garantías, como evidenció el juicio contra los militantes del POUM en 1938. Aunque nadie se atrevió a investigar en serio los asesinatos de Andreu Nin o José Robles, porque eso podía comprometer las relaciones con la Unión Soviética de Stalin, único país que le suministraba armas.

Mientras, el Estado franquista no hizo sino legalizar el asesinato mediante el uso de los tribunales militares y los juicios sumarios.

Una diferencia básica que no nos puede llevar a repartir certificados vanos de inocencia. Lo que importa es la verdad.

Jorge M. Reverte es escritor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de diciembre de 2008