El gallego Rouco

Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Castelao, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Luís Seoane, Rafael Dieste, Pablo Iglesias, Blanco Amor, Lorenzo Varela o Valle-Inclán son sólo algunos nombres extraídos de la numerosa e imponente nómina de hombres y mujeres que, sin renunciar a sus raíces y desde posiciones políticas diversas, han prestigiado a Galicia en el mundo y, en no pocos casos, han situado a nuestro país en las vanguardias del pensamiento universal.

Por desgracia, nuestra tierra alumbró también a personas en las antípodas de los citados, gallegos cuyo ignominioso legado nos llena de vergüenza. Para respaldar esta afirmación no es necesario recurrir al recuerdo del más siniestro personaje que ha visto la luz en Galicia, el tenebroso general que asoló España a finales de los años 30 y dirigió una de las más crueles dictaduras del siglo XX.

El Gobierno está obligado a hacer efectivo el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado

En efecto, hoy mismo, un gallego de nacimiento, el cardenal Rouco Varela, encabeza una auténtica cruzada contra los ideales de progreso y modernidad, en especial contra los valores laicos y constitucionales. Este prelado que recorrió todo el escalafón burocrático de la Iglesia Católica hasta llegar a presidir la Conferencia Episcopal, cargo que ocupa en la actualidad, es el ejemplo paradigmático de una concepción trasnochada y la expresión recalcitrante de un talante impertérrito ante el signo de los tiempos.

En abierta contradicción con el Vaticano II, en especial con el documento Gaudium et Spes, que reconoce abiertamente la autonomía de lo temporal, el cardenal Rouco, en plena sintonía con el papa Rat-zinger y con su proyecto involucionista, pretende poner límite a los legisladores, acusándolos de violar la ley natural y de llevar a cabo una auténtica subversión de los principios morales. Lo que subyace a estos planteamientos es la resistencia de la Iglesia a reconocer la aconfesionalidad del Estado y a aceptar el pluralismo político, ideológico y religioso de la sociedad española. Esta actitud de la jerarquía católica -que no comparte la sociedad española ni, estoy seguro, la mayoría de los católicos de nuestro país- sólo se entiende desde la nostalgia del privilegio, cuando la Iglesia disputaba con éxito al Estado el derecho a definir el bien público.

Pero frente a estas indeseables presiones, el Gobierno tiene la indelegable obligación de hacer efectivo el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado, y de legislar, también en las materias que tanto parecen molestar a los obispos, basándose exclusivamente en la ética civil y sin más límite que el que afecta a cualquier otra norma: la Constitución Española.

El hecho de que el Gobierno legisle de acuerdo con el pluralismo político que caracteriza a nuestra sociedad, y que representa uno de los pilares básicos de la democracia, no significa, en modo alguno, pedir a los ciudadanos que renuncien a sus creencias. Se trata simplemente de garantizar que aquéllas no puedan imponerse a quien no las comparta.

En abierta oposición con estos elementales principios democráticos, y por muy increíble que parezca, Rouco y sus obispos no han renunciado a imponer sus convicciones a través del Código Penal, y siguen empecinados en la anacrónica pretensión de trasladar el derecho canónico a normas de derecho común.

Ignoran que las sociedades europeas se basan en la ética civil, que no es una verdad revelada sino la consecuencia de la evolución histórica de nuestras naciones. El conflicto surge, como sucede ahora, cuando la Iglesia se muestra incapaz de adaptarse a esa evolución y pretende frenar el proceso civilizador, resultado de un largo camino hacia la desacralización de las relaciones sociales, cuyo producto histórico son las modernas democracias, asentadas en principios tales como la secularización, el carácter laico del poder o la disociación entre creencias y pensamiento racional.

Sería, pues, muy deseable que el proceso de modernización de nuestro país no tenga que lamentar haberse topado, una vez más, con la Iglesia Católica.

Por eso ha llegado el momento de recordarle al gallego Rouco y a sus obispos que todos, incluidos ellos, tenemos el deber de respetar la Constitución, pero que, sin embargo, no todos estamos vinculados por las respetables normas de su iglesia.