Marcha atrás en la ortodoxia
Los Gobiernos y los bancos centrales sacan toda su artillería contra la crisis
El gurú de la crisis, Nouriel Roubini, sostiene que "tiempos desesperados exigen medidas desesperadas y extremas". Y nada más desesperado, en su opinión, que la amenaza de deflación, suspensiones de pagos y trampas de liquidez que atenazan a la economía mundial.
En eso están todos los gobiernos del mundo en este momento. Rebajas de impuestos a empresas y consumidores, compras de créditos dudosos, inversiones en obra pública... Todo es poco para evitar la fatídica combinación que supone el desplome de la actividad, frenazo del consumo, restricción del crédito y caídas de precios a la que parece abocada sin remedio la economía mundial.
A eso se comprometían, precisamente, los líderes del G-20 el pasado 15 de noviembre en Washington. "Usaremos medidas fiscales para estimular la demanda doméstica con efecto inmediato, según sea necesario, mientras se mantiene un marco político enfocado a la sostenibilidad presupuestaria", decía el punto número siete del comunicado. La ortodoxia parece haber quedado relegada ante el riesgo de que la recesión global deje paso a una depresión. Las autoridades están llevando a cabo una movilización sin precedentes de todos los recursos disponibles, aunque eso se traduzca en la vuelta a los déficit públicos, un incremento en las emisiones de deuda de los Estados desconocido en los últimos años y la puesta en marcha de políticas hasta ahora consideradas heterodoxas, como las aprobadas esta última semana en Estados Unidos.
Bernanke cambia de estrategia ante el riesgo de "quedarse sin munición"
Los países empiezan a aplicar los planes pactados en el G-20
Los tipos de interés en el 3,25% aún dejan mucho margen al BCE
La subida de impuestos a las rentas altas remite a los años 70
La Reserva Federal ha llevado a cabo una fuerte inyección de liquidez en la economía para animar el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Se trata de una medida excepcional, no sólo por el elevado volumen de la medida (800.000 millones de dólares, frente a los 700.000 millones del plan de rescate del Gobierno) sino por el cambio de estrategia que implica.
"Aunque aún es demasiado pronto para saber si las últimas medidas son suficientes para marcar un punto de inflexión en la crisis crediticia, cada una de ellas supone un cambio radical en la forma en la que los responsables políticos y económicos de Washington están respondiendo a la crisis", aseguraba Barclays Capital en un informe.
Mientras los planes del Gobierno se financian con dinero de los contribuyentes a través de la emisión de deuda pública, los del banco central implican, de hecho, darle a la máquina de hacer dinero. Así, el balance del banco ha pasado en los últimos meses de 800.000 millones a 2 billones de dólares. Todo con un doble objetivo: aumentar la liquidez del mercado y evitar el riesgo de deflación.
La Reserva ha tenido que adoptar estas medidas ante la amenaza de "quedarse sin munición", como lo definió su ahora presidente Ben Bernanke en 2002. Entonces, como miembro del Consejo de Gobierno de la entidad, apostaba porque la Reserva comprara deuda pública e incluso privada si los tipos de interés se aproximaban peligrosamente a cero.
Seis años después, ése es el escenario que baraja la entidad. Con el precio del dinero en el 1%, los analistas apuestan por una nueva rebaja en diciembre hasta el 0,5%. A partir de ese nivel, la rebaja de los tipos de interés deja de ser un instrumento efectivo de política monetaria y son necesarias otro tipo de medidas.
Ahí es donde se enmarca el cambio de estrategia de la entidad dentro de las denominadas políticas de expansión cuantitativa. Es lo que hizo Japón entre el año 2001 y 2006, un tiempo durante el que mantuvo los tipos de interés en el 0,15%, pero proporcionando al mismo tiempo provisiones suficientes de reservas al sistema bancario para fomentar la ampliación de los créditos. Y fue eso lo que permitió a Japón salir de una década de crisis, según asegura Mark Spiegel, analista de la Reserva Federal de San Francisco.
Europa en esta ocasión ha ido por delante de Estados Unidos. Aunque la política monetaria europea aún cuenta con mucho margen de actuación, con el precio del dinero en el 3,25%, el BCE lleva desde hace aproximadamente un mes ofreciendo cantidades de dinero ilimitadas en las subastas semanales de liquidez a un tipo fijo, un claro giro hacia políticas cuantitativas.
"Lo cierto es que el BCE tardó en actuar y ahora permite barra libre de liquidez" a los bancos, asegura José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Eso ha incrementado en un 50% el neto que presta al conjunto del sistema financiero respecto a los niveles de agosto de 2007.
UBS señalaba en un reciente informe que tanto el euro como el sistema financiero articulado en torno a la moneda única nacieron con defectos de origen que esta crisis ha sacado a la luz. Entre ellos, que la responsabilidad de la política monetaria reside en el BCE mientras la responsabilidad sobre el sistema bancario reside en los bancos centrales. "Eso significa, in extremis, que Europa carece de un prestamista creíble de último recurso", dicen los analistas de UBS. Como dijo en su puesta en marcha el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, "estoy seguro de que el euro nos obligará a introducir un conjunto de nuevos instrumentos de política económica. Es políticamente imposible proponerlos ahora. Pero algún día habrá una crisis y esos instrumentos serán creados". A estas alturas, el debate ni siquiera se ha planteado entre los miembros del consejo de la entidad.
Las autoridades europeas también parecen haber hecho caso omiso de los buenos propósitos expresados en la cumbre de Washington y cada día parece más difícil articular un plan de estímulo económico coordinado a nivel comunitario.
La propuesta de la Comisión de poner en marcha rebajas fiscales y ayudas presupuestarias equivalentes al 1,5% del PIB se ha encontrado con el rechazo tajante de Francia y Alemania, especialmente lo que respecta a la rebaja del IVA. Se trata de un plan de 200.000 millones de dólares -"aunque puede ser necesario más para atajar la crisis", advertía el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso- al que Bruselas apenas aporta 30.000 millones. Algunos Estados miembros cuentan con escaso margen presupuestario, dado que su nivel de déficit ya roza el 3% del PIB, pero Bruselas está dispuesta a hacer la vista gorda. "En circunstancias excepcionales uno puede utilizar la máxima flexibilidad", admitió Barroso.
Sin esperar a un acuerdo, Londres ya ha puesto en marcha su propio plan, con el objetivo principal de impulsar el consumo a través de una rebaja del IVA. En total, 20.000 millones de libras (24.000 millones de euros), el mayor plan de estímulo aprobado en el Reino Unido desde 1988, equivalente al 1,1% del PIB.
Para paliar, aunque sea parcialmente los costes del plan, el Gobierno laborista ha anunciado que, a partir de 2011, subirá el impuesto sobre la renta del 40% al 45% a quienes ganen más de 150.000 libras anuales (180.000 euros). Y ahí radica un cambio fundamental en la política aplicada por Reino Unido y la mayor parte del mundo occidental en la última década. Desde la llegada de la conservadora Margaret Thatcher al poder en 1979 (a la que se sumaría con la misma filosofía liberal Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981) el tipo máximo del IRPF sólo ha hecho que bajar, una tendencia a la baja que Tony Blair como primer ministro acentuó.
"Es la vuelta a los años setenta", aseguraba Bill Jones, profesor de políticas de la Universidad de Manchester. "Es un retorno a las diferencias entre los dos partidos políticos y el fin temporal de las políticas de consenso. Es como si los laboristas, de pronto, hubieran roto su camisa de fuerza".
Es la línea que también anticipa el nuevo Gobierno demócrata en Estados Unidos. Como candidato presidencial, Barack Obama criticó con dureza las rebajas fiscales para las rentas más altas llevadas a cabo por el Gobierno de George Bush. Los nuevos asesores presidenciales descartan que el plan de estímulo que Obama aprobará nada más ser investido presidente vaya a incluir subidas de impuestos para estos colectivos. Pero el propio Obama reiteraba esta semana su intención de que "los más ricos paguen un poco más para que podamos invertir en el crecimiento y recuperar la economía". Toda una declaración de intenciones.
Y un planteamiento muy diferente a algunas de las medidas -que no las declaraciones- del Gobierno español. El plan de estímulo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril incluía la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, ahora en tramitación en el Senado y por el que el Estado dejará de ingresar unos 1.800 millones de euros anuales. La medida ha sido muy bien acogida por aquellos obligados a pagar este impuesto, entre otros, los que acumulan bienes por valor superior a los 600.000 euros. "No sabía que yo fuera socialdemócrata y que lo fuera tanto", se ha comentado con sorna en algunos reservados de los restaurantes más caros de Madrid a la vista del ahorro que esa medida supondrá para sus comensales.
![Anuncio de un banco coreano en Seúl, esta semana.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/JUZUYZFPGUA5I4S4HH4TP7XBDQ.jpg?auth=a4496c866aeb3e5d9215cc41d5b9543c471ec29c5624a9d542b48c108b8df9d9&width=414)
Vuelta a los déficit
Los planes de rescate financiero y de estímulo económico conllevan la vuelta a los déficit públicos y las emisiones de deuda masivas. Los últimos cálculos apuntan que el deterioro de las cuentas públicas de los países desarrollados se situará de media en el 4,1% del PIB en 2010, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Mayor será el impacto de los planes de estímulo para Estados Unidos, que verá cómo sus cuentas públicas registran un déficit del 6,8% en dos años, el mayor déficit entre los de la OCDE. Sin embargo, algunos analistas privados apuntan que el déficit alcanzará niveles próximos al 8% del PIB en economías como la del Reino Unido e incluso España.
A la hora de gastar ese dinero, la OCDE reconoce que la inversión en infraestructuras puede ser un buen instrumento, aunque tarda en instrumentarse y ponerse en marcha y, por tanto, en trasladarse al resto de la economía. De ahí que apunte alternativas como las rebajas de impuestos o las transferencias de renta a las familias más endeudadas y con menos recursos. Sí subraya que "una vez que haya signos claros de recuperación será necesario deshacer con rapidez los estímulos macroeconómicos para evitar que se asienten las presiones inflacionistas en la economía".
Pero eso no resultará nada fácil. La economista jefe de Schroders, Keith Wade, sostiene que "resulta difícil para los gobiernos dar marcha atrás en los planes de estímulo, especialmente cuando están asociados a objetivos políticos prioritarios", como los trabajadores menos cualificados o los hogares de menor renta. Eso supone que una vez que comienza la recuperación de la actividad en el sector privado "el mantenimiento de la expansión presupuestaria deriva en un sobrecalentamiento y en más inflación". Un pronóstico que resultaría amenazante en cualquier otro momento pero no tanto ahora, cuando el riesgo de una espiral deflacionista se ha hecho evidente.
En ese sentido, el elevado endeudamiento público tampoco sería ahora una amenaza para los precios "dada la debilidad de la demanda del sector privado", insiste Schroders en su análisis. Todo ello dibuja un escenario similar al de los años sesenta, con el IPC por debajo del 2% pero sin entrar en deflación. -
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