La financiación municipal

Los ayuntamientos sin excesiva deuda podrán tener déficit

El Gobierno acepta con condiciones la principal demanda de los alcaldes

El Gobierno castigará sin déficit a los ayuntamientos que se hayan endeudado más de lo que permite la ley (a la cabeza de todos, Madrid) pero sí permitirá presupuestar más gastos que ingresos a los que no hayan rebasado el límite, establecido en el 110% de sus ingresos. Ésa será, según un portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda, la respuesta a la petición unánime de los alcaldes para que se les permita incurrir en déficit: "Se va a permitir un ligero déficit en 2009, aún por cuantificar, pero sólo a los ayuntamientos que no hayan superado el límite de endeudamiento que establece la Ley de Haciendas Locales".

El ministerio precisaba así algo que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero dejó en el aire durante su reunión de ayer con la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los 25 alcaldes de esa ejecutiva se presentaron en La Moncloa muy agradecidos por la medida anunciada la víspera de los 8.000 millones para obra pública, pero sin renunciar a sus propias reivindicaciones. La principal, que se les autorice a incurrir en déficit mientras dure la crisis, algo que les prohíbe (sólo a ellos) la Ley de Estabilidad.

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Zapatero, acompañado por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que es "sensible" al problema de los alcaldes y se comprometió a darles una respuesta la semana próxima. El presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, afirmó después en rueda de prensa visiblemente satisfecho: "El Gobierno ha dicho sí a que los ayuntamientos podamos contraer déficit, sólo queda saber cómo, cuánto y cuándo".

Otros alcaldes presentes en la reunión sostuvieron, sin embargo, que Zapatero, "aunque parecía favorable a la petición", sólo se comprometió a "estudiarla". El ministerio lo explicó más tarde a este periódico: sí se autorizará un "ligero" déficit, haciendo una "interpretación flexible" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en línea de lo que se permite al Estado central y las comunidades autónomas. Pero sólo a los que hayan respetado el límite de deuda.

Las otras dos reivindicaciones básicas planteadas por la FEMP -reforma del impuesto de plusvalía y aumento de las entregas a cuenta de la recaudación- quedan aparcadas hasta que se negocie el nuevo modelo de financiación municipal, que "estará listo en 2010", aseguró Castro.

De las dos horas y media de reunión, más de la mitad del tiempo se fue en abordar la medida de los 8.000 millones anunciada el jueves. "En momentos de crisis se requieren soluciones imaginativas, y ésta que hemos tomado es un ejemplo", dijo Zapatero, según uno de los presentes.

Para algo más que "obritas"

Los cinco millones que ha fijado el Gobierno como tope para cada uno de los proyectos que financiará con los 8.000 millones aprobados ayer dan para algo más que "obritas", según expresión del vicepresidente, Pedro Solbes. Tras el Consejo de Ministros, explicó que ayuntamientos, cabildos y mancomunidades recibirán su parte de ese fondo en función de su número de habitantes.

Los ayuntamientos tendrán que presentar antes del 24 de enero los proyectos por Internet ante Administraciones Públicas, que resolverá en 20 días. Deben incluir el número de parados que se van a emplear, el presupuesto, la certificación de que la obra no estaba ya presupuestada y el acuerdo del Pleno. Las solicitudes podrán referirse a equipamientos, mejora de espacios públicos, suelo industrial, medio ambiente y otras.

Cuando se adjudique el proyecto -debe licitarse en un mes y empezar a ejecutarse antes del 13 de abril- la corporación local recibirá el 70% del importe; el resto al finalizar la obra: en el primer trimestre de 2010, aunque podrá autorizarse una prórroga de seis meses si hay incidencias. Solbes destacó que los contratados para realizar estas obras han de ser parados, porque el objetivo es crear 200.000 nuevos empleos.

La Federación de Municipios y Provincias aplaudió la medida, aunque la mayoría de los alcaldes lamentó que los plazos sean tan ajustados y que los proyectos no puedan costar más de cinco millones (para agilizar el procedimiento). También pidieron aclaraciones sobre la exigencia de que sólo pueda contratarse a parados, porque eso dejaría fuera a empresas con plantilla propia. Según aseguraron, la ministra Elena Salgado les dijo que esa exigencia se refiere sólo a "una parte" de la obra contratada, no a la totalidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 28 de noviembre de 2008.

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