La oposición fuerza que el Gobierno inspeccione las ayudas sociales

La oposición forzó ayer al Gobierno a incluir en el proyecto de ley de Servicios Sociales la creación de una nueva inspección, dependiente del Ejecutivo, que tendrá competencias sobre las ayudas que prestan todas las instituciones vascas, incluidas las diputaciones y los ayuntamientos.La propuesta ha quedado incluida en el dictamen de la ley, aprobado en comisión y que ahora irá al pleno de la Cámara. Para ese trámite los grupos del tripartito se han reservado un voto particular contra la inspección para devolver la ley a su redacción inicial.

Las enmiendas que crean el nuevo servicio fueron propuestas por el PP y contaron con el apoyo de los socialistas y EHAK. Establecen que será el Gobierno el que ejercerá la función de control y revisión para "garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ordenadoras de los servicios sociales". Así, podrá investigar el destino de prestaciones como la renta básica o las ayudas de emergencia (AES) y analizar los servicios sociales que prestan el propio Ejecutivo, las diputaciones y los ayuntamientos

Si la ley resulta finalmente aprobada con este contenido, los inspectores tendrán la consideración de agentes de la autoridad y podrán presentarse sin notificación previa en las entidades e instituciones que presten servicios sociales sujetos a esta norma para hacer todo tipo de comprobaciones.

Rechazo foral

Hasta ahora, las diputaciones, que disponen de las principales competencias en la prestación de servicios sociales, se han opuesto a que el Gobierno tenga capacidad inspectora al entender que supone una invasión de sus competencias.

La parlamentaria del PP Arantza Quiroga apostó por buscar "una fórmula coordinada" con los gobiernos forales para evitar un choque de competencias. Con todo, subrayó que si las diputaciones investigan las ayudas y prestaciones que pagan los ayuntamientos, "alguien debe inspeccionar al que inspecciona".

En conjunto, el dictamen de la ley, la más importante debatida durante esta legislatura en materia de servicios sociales, que establece como un derecho universal subjetivo, fue aprobado con los votos del tripartito y el PSE y la abstención del PP y de EHAK. En el pleno contará también con el apoyo de Aralar, sin presencia en la comisión.