Diez años sin reglamento regulador del ocio nocturno

Mientras en Madrid se cerraban ocho locales en los diez días posteriores a la muerte de Álvaro Ussía en la discoteca Balcón de Rosales (también cerrada), en el Palacio de Congresos de la capital se celebraba el tercer simposio de actividades lúdicas y recreativas, que se clausuró ayer. Paradójicamente, el evento estaba patrocinado por la Comunidad y el Ayuntamiento.

Dos cosas han quedado claras en ese centro de debate. La primera, "la inacción de la Administración", explicada por juristas (como Edilberto Narbón Lainez, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia) y abogados (como Salvador Domenech, del servicio jurídico de la Asociación por la Calidad del Ocio Nocturno, ECO) y reconocida por el propio jefe del Área de Espectáculos Públicos y Actividades de la Comunidad, Antonio Piñol, al admitir que la Comunidad no ha desarrollado la ley que regula el sector de ocio nocturno (la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de julio de 1997). "No quisimos precipitarnos", dijo Piñol, asumiendo que 10 años era tiempo suficiente. "Se han elaborado algunas normas que han desarrollado la ley parcialmente, como por ejemplo las que tienen que ver con horarios y con los números identificativos de los locales; y ahora ya hay un boceto de la futura ley de control de admisión para los porteros". Piñol agregó que "es intención del Gobierno sacar un reglamento general que agilice los procedimientos de licencias y defina mejor al sector".

"Lo peor del asunto", señalaba Alberto Delgado, responsable de la sala Moby Dick, "es que la ley también se ha quedado obsoleta y no responde a las demandas del sector y de sus usuarios". Algo que reconoció Piñol, al admitir que "la ley actual no permite que se usen de maneras distintas los locales, es decir, que el mismo sitio donde te puedes tomar una copa por la noche pueda dar comidas por el día y cosas así", resumió.

La segunda cosa que quedó clara en el Congreso fue que esa falta de regulación del sector aboca a los empresarios a una "inseguridad jurídica" ("la imposibilidad de exigir que la Administración cumpla la ley en unos plazos determinados", explicó el letrado) debido a los silencios administrativos y a la lentitud de los procedimientos para obtener licencias de actividad o funcionamiento (entre 5 y 17 meses en la Comunidad de Madrid, según explicó Domenech).

Muchos de esos trámites acaban en los tribunales: "Se están judicializando los procedimientos de concesión de licencias, que son competencia de la Administración", explicó el magistrado Narbón Lainez. Según Piñol, "el tema de las licencias es muy complejo porque entran las dos administraciones, el Ayuntamiento por la parte que afecta a la Ley del Suelo, y la Comunidad en temas de Medio Ambiente, y hay muchas ordenanzas municipales... Estamos poniéndonos a legalizar licencias al ritmo que sea. ¿Cómo agilizarlas? No lo sé, pero se está en ello", dijo, sin referirse a la propuesta de los empresarios de que las licencias se obtengan a través de empresas certificadoras, siguiendo el ejemplo de las ITV de los automóviles.