Matanza de buitres leonados

Desde finales de 2006, cuando empezaron funcionar los molinos de Els Ports y L'Alt Maestrat, más de 200 buitres leonados han muerto o han recibido heridas de consideración por las aspas de los aerogeneradores. Una mortandad que se ha traducido en un notable descenso del número de ejemplares y que llevó a la Consejería de Medio Ambiente a cerrar los 40 molinos donde se concentraba el mayor número de impactos.

La actuación de la Fiscalía de Castellón y, sobre todo, las pérdidas económicas que supone para Renomar la paralización de decenas de aerogeneradores y la amenaza que pesa sobre otros tantos llevó a la firma eólica a proponer un paquete de medidas a principios de este mes para poner fin a la mortandad de buitres leonados y otras especies protegidas.

En la propuesta de la firma presidida por Fernando Roig se propone marcar las aspas de los aerogeneradores cerrados por Medio Ambiente, clausurar el vertedero de Vilafranca y adecuar los muladares donde los buitres acuden a buscar carroña. El problema para asumir estos compromisos es que la competencia sobre los muladares corresponde a Medio Ambiente, que es quien debe ejercitar su potestad y a quien se le ha propuesto también que asuma el acuerdo.

El paquete de medidas correctoras incluye la predisposición de Renomar a marcar y seguir vía satélite a 35 ejemplares de buitre leonado para conocer los cambios registrados en su hábitat y difundir su resultado a la comunidad científica. La firma eólica también está dispuesta a ensayar el uso de cetrería para alejar al buitre de los molinos de viento; así como a crear una barrera de seguridad mediante ultrasonidos similar a la que tienen los aeropuertos para evitar la colisión de los aviones con las aves. Renomar también estaría dispuesta a instalar cámaras con sensor de infrarrojos para activar un mecanismo de ultrasonidos que evitase la colisión de la avifauna con los aerogeneradores.

La dificultad del acuerdo estriba ahora en el grado de imprevisión, cuando menos, que hubo a la hora de señalar las áreas adecuadas y adjudicarlas en el Plan Eólico a unas empresas que no adoptaron las medidas necesarias. Una actuación que está ya en el juzgado, que tendrá que dilucidar sobre la muerte de más de 200 ejemplares de un animal que forma parte del patrimonio de todos.