El fiscal pide 10 años para la dueña de un 'pub' por exceso de ruido

Seis años de cárcel por contaminación acústica y cuatro años más por las lesiones causadas a otras tantas personas a causa del exceso de ruido. Esos son los cargos que ayer sentaron en el banquillo de la Audiencia de Barcelona a María del Carmen Ahijado Villarroel, propietaria de un pub que supuestamente estuvo funcionando de manera ilegal durante varios meses y realizando emisiones acústicas muy superiores a las permitidas.

El local al que se refiere el caso es el pub Donegal y está situado en el número 44 de la calle del Nou de la Rambla. La fiscalía considera que había funcionado como bar restaurante hasta abril de 2005, cuando fue transformado en pub musical de manera ilegal, porque carecía de la licencia de actividad del distrito. Según la fiscalía, la acusada instaló cinco aparatos de amplificación de sonido que estuvieron haciendo la vida insoportable a una familia de cuatro personas que habitaba justo encima del local.

El distrito anima a la acusada a denunciar al falso funcionario

Desde los pisos se podían oír las risas, aplausos y las canciones del local

"El ruido generado por el mencionado aparato de música y sistema de altavoces ha perturbado gravemente la vida familiar y la salud física y psíquica" de los vecinos, sostiene la fiscalía. Por eso reclama, además, que la acusada indemnice a cada uno de los cuatro vecinos con 10.000 euros. Los perjudicados están personados en el proceso como acusación particular y piden para la mujer penas que suman 14 años de cárcel.

La acusada negó ayer que el local hubiera estado funcionando ilegalmente como bar musical y explicó en su declaración que pagó a una persona que era funcionario municipal para permitirle que el pub siguiera funcionando y evitar sanciones. La mujer identificó incluso con el primer apellido, Quílez, al supuesto funcionario corrupto. "Yo le creí y le pagué", apostilló.

Fuentes del distrito de Ciutat Vella de Barcelona aseguraron, sin embargo, que el tal Quílez no es funcionario y no ha tenido ni tiene relación alguna con el Ayuntamiento de Barcelona. Las mismas fuentes afirmaron que sólo se conocía a Quílez en el Consistorio por tener una empresa de ingeniería. El distrito invitó a la persona juzgada a denunciarle si realmente le cobró dinero en nombre del Ayuntamiento. "Nosotros aplaudiremos que lo denuncie. Estamos también interesados en aclarar las cosas", dijo el mismo portavoz.

Este caso se inició en el mes de junio de 2006, tras la presentación de una querella del fiscal de medio ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, dirigida, también contra el gerente del distrito de Ciutat Vella en aquella época, Jordi Parayre, y contra el jefe del departamento de licencias e inspección del distrito, Joan Carles Talens. La fiscalía explicaba en la querella que ambos estuvieron "siete meses consintiendo y tolerando la actividad ilegal y la contaminación acústica del pub Donegal". Sin embargo, ambos acabaron finalmente exculpados por el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona y después trascendió que el 10 de mayo de 2006, un mes antes de la presentación de la querella, el Ayuntamiento ya había clausurado el local.

Pese a los graves cargos que pesan sobre ella, la mujer declaró que nunca recibió quejas del vecindario por el ruido, con la excepción de uno de los denunciantes, con quien había tenido una amistad que se truncó porque rechazó sus "insinuaciones". También testificaron dos agentes de la policía autonómica que elaboraron informes de los ruidos que se oían en los dormitorios de los afectados, uno de los cuales comentó al tribunal: "era como una fiesta dentro de tu casa". Los agentes explicaron que desde los pisos de los denunciantes se podían oír con toda claridad los ruidos del local, como risas y aplausos, y la música hasta el punto de que se podían seguir "perfectamente" las canciones.