Las escuelas concertadas rehúsan tener más inmigrantes si no crecen sus plazas

Más alumnos inmigrantes, sí, pero con más plazas escolares concertadas. Las patronales de escuelas concertadas, que acogen a casi el 40% de los alumnos catalanes no universitarios, desempolvaron ayer, en pleno trámite de la ley de educación catalana, su vieja reivindicación de que necesitan tener más plazas concertadas (pagadas con fondos públicos), "especialmente allí donde hay oferta", porque de lo contrario "es imposible ningún reequilibrio real de atención a las necesidades educativas específicas", el término que sirve para denominar a los alumnos inmigrantes o aquellos que tienen disfunciones educativas.

La desproporción entre los alumnos extranjeros que van a escuelas e institutos públicos y los escolarizados en centros concertados es abrumadora. La escuela pública escolariza al 85% de los alumnos inmigrantes; la concertada, apenas al 15%, cuando su cuota roza el 40%.

Una de las medidas que prevé el proyecto es que se fijará un porcentaje máximo de alumnos inmigrantes por zonas, de tal forma que cuando un centro, sea público o concertado, lo rebase, puedan traspasarse alumnos a otro. Éste es una de los puntos fuertes del proyecto para repartir mejor a los inmigrantes, pero deberá desarrollarse después a través de un decreto, ya que el proyecto no lo concreta.

Elección de centro

Los representantes de las patronales de centros concertados se reunieron ayer en Barcelona para debatir las propuestas ante la ley de educación, en fase de enmiendas en el Parlament. Entre ellas están la Agrupació Escolar Catalana (AEC), la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament y la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya. Estas entidades han elaborado un catálogo de puntos que no les gustan o que, a su juicio, deben ser reforzados en la ley.

Las patronales dicen que la ley debe asegurar el "derecho de padres y madres a la libre elección de centro, proclamado pero ignorado en diversos momentos del desarrollo" del proyecto de ley. También plantean que se aseguren las competencias que hoy tiene la propiedad de los centros y los consejos escolares", y se resuelva la financiación de los centros concertados, "hoy claramente insuficiente". Asimismo defienden la necesidad de "avanzar" para homologar las condiciones laborales del profesorado de los centros concertados con las de los públicos y que la ley catalana no añada nuevos criterios a los ya incluidos en la ley estatal "que limiten el acceso al concierto educativo de los centros privados que quieran acogerse".

A las patronales del sector educativo les preocupa también que la ley acabe teniendo un sesgo municipalista. Afirman que "es la Generalitat la que ha de tener las competencias necesarias en materia educativa para desplegar la ley" y que "la dispersión competencial en favor de los municipios y la zonificación de la actuación en materia educativa que propone el proyecto de ley no favorecerán el principio de autonomía de centro ni el correcto despliegue de la ley".

Los centros privados dicen que no se deben fijar criterios restrictivos para acceder al concierto. Por ejemplo, que los alumnos sean del municipio donde está la escuela.

Las patronales tienen intención de trasladar sus propuestas a los grupos parlamentarios para que se discutan en el trámite de enmiendas parciales.