El PNV se queda solo en la Cámara defendiendo la gestión del Guggenheim

La comisión parlamentaria de investigación por el desfalco y la ruinosa compra de divisas en el Museo Guggenheim realizó ayer una primera toma de contacto sobre las conclusiones que cada grupo desea que consten en el dictamen. El periodo dedicado a recabar testimonios da así paso a la fase final del trabajo de la comisión, cuyo presidente, el socialista Antonio Rivera, debe ahora redactar una propuesta para que se debata en un pleno que será, previsiblemente, a mediados de diciembre y monográfico.

En la reunión de ayer se hizo notar la soledad del PNV a la hora de defender la gestión en el museo bilbaíno, que ha deparado un desfalco de medio millón de euros por parte de su ex director financiero, Roberto Cearsolo, y unas pérdidas de seis millones por la operación de compra de divisas descubierta y cuestionada en su día por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

El PNV considera el museo un éxito tanto cultural como de gestión

Los otros dos socios del gobierno tripartito, EA y EB, se sumaron a la crítica por la falta de controles, tanto internos como externos, algo que, a juicio de todos, salvo el PNV, posibilitó ambos sucesos. Aunque utilizaron un lenguaje menos contundente y sus intervenciones fueron menos detalladas que las de los dos principales grupos de la oposición, PSE y PP, los portavoces de EA y de EB apuntaron a esa insuficiencia, o inexistencia, de los mecanismos de control en el museo. Los grupos se limitaron ayer a exponer verbalmente sus interpretaciones de los hechos conocidos y de los testimonios escuchados a puerta cerrada y entregarán sus escritos el viernes. El presidente de la comisión, Antonio Rivera, señaló el 2 de diciembre como la fecha en la que la comisión debatirá la propuesta de dictamen que presentará a sus miembros, aunque no precisó si se podrá aprobar o no en esa misma reunión. El dictamen estará abierto a la presentación de votos particulares, si no se adopta por unanimidad.

La mayor parte de los grupos se inclinan por la exigencia de responsabilidades políticas, que se situarían en la dirección general del museo, que recae sobre Juan María Vidarte, y en los consejos de administración de las sociedades Inmobiliaria y Tenedora del museo, integrados por representantes institucionales del Gobierno y de la Diputación de Vizcaya.

El PNV rechazó la exigencia de más responsabilidades que las reconocidas ante la comisión y recordó que el enjuiciamiento del desfalco está en los tribunales. Sostiene que no hubo ni ánimo de especulación en la operación de divisas, como sostiene la oposición, ni falta de control en las sociedades. Lo primero resultó una operación desafortunada y para nada ilegal, que los portavoces peneuvistas en la comisión pidieron situar en el contexto en que se produjo, entre los años 2002 y 2005.

Ambos abogaron por valorar en el dictamen la trayectoria del museo en su conjunto y propondrán que sea positiva, por el servicio que el Guggenheim ha prestado a la sociedad vasca y porque constituye, a juicio del PNV, un éxito, tanto cultural como de gestión. La adopción a posteriori de las nuevas medidas que detalló Vidarte en su segunda comparecencia ante la comisión no probaría que las anteriormente existentes fueran incorrectas, defendieron.

El PP, por su parte, subrayó la opacidad y la falta de transparencia y de control como una constante en la gestión del museo, materializadas en la decisión, avaladas por los consejos de las sociedades, de no realizar auditorías. En opinión de sus portavoces, Carmelo Barrio y Antón Damborenea, los consejos de administración, integrados por las instituciones, fueron inoperantes en el control de los fondos públicos. El PP quiere poner nombre y apellidos a las responsabilidades políticas.

La portavoz del PSE señaló al museo como un coto cerrado del Departamento de Cultura y de la Diputación de Vizcaya, que depositaron una confianza total en Vidarte, del mismo modo que éste puso la suya en Cearsolo. A esto atribuyó a todo lo ocurrido y reprochó la negativa de los gestores del museo a someterse a los controles del Tribunal de Cuentas, así como que las compras y contratos se hayan realizado sin publicidad ni concurrencia.

El PSE sostuvo que existió responsabilidad y también culpa, y propondrá que las sociedades participadas sean objeto de los mismos mecanismos de control y seguimiento financiero que las sociedades públicas.