Puigcercós descarta el adelanto electoral como respuesta a un recorte del Estatuto

El tripartito no se va a romper porque Esquerra Republicana (ERC) se líe la manta a la cabeza y salga del Gobierno provocando elecciones anticipadas. El primer motivo es porque ERC no quiere ni pensar en los resultados que obtendría en unas elecciones catalanas ahora mismo atendiendo a las encuestas. Además, hoy por hoy, los republicanos no tienen candidato. En los últimos meses, se daba por supuesto que Esquerra rompería el Gobierno ante una eventual sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contraria al Estatuto catalán. No será así según dijo ayer su presidente, Joan Puigcercós. Ir a unas elecciones anticipadas sería una "irresponsabilidad", dijo, porque retrasaría aún más el acuerdo de financiación.

El presidente de ERC vería una "irresponsabilidad" avanzar los comicios

Ésos fueron los mensajes que lanzó ayer en una conferencia en Madrid el presidente de ERC, quien insistió en la necesidad de "un buen pacto de financiación".

¿Qué debe tener este acto para ser aceptado por Esquerra? Pues el Gobierno central debe compensar la reducción de ingresos de la Generalitat por la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales (que el Gobierno catalán situaba en 2.068 millones de euros para 2009, partida que va de la mano de los actos jurídicos documentados). También exigirán "reducir progresivamente el déficit fiscal". Sobre este capítulo ERC calcula que son entre 2.500 y 3.000 millones.

Puigcercós, partidario de apurar la legislatura y tener tiempo de consolidar su liderazgo en ERC, minimizó los efectos que sobre el tripartito tendría un eventual recorte del Estatuto. Admitió que una sentencia contraria del TC dejaría el texto "medio muerto", pero vino a decir que la crisis política es ya tan intensa por los incumplimientos del Gobierno central que difícilmente puede empeorar.

También desde Madrid llegaron ayer mensajes un poco más positivos que los de las últimas semanas en torno a las negociaciones de la nueva financiación. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, dijo que hay lugar para cierto optimismo. "Estamos bastante más cerca de un acuerdo", señaló Ocaña, porque "el esquema general sobre cómo debe funcionar el sistema está relativamente consensuado", afirmó durante un desayuno coloquio organizado por Cinco Días en el que vino a sugerir que los distintos gobiernos autónomos cacarean sus diferencias sólo de cara a la galería. "Es inevitable que se exageren las posiciones", ironizó.

Una vez incumplido el plazo que fija el Estatuto catalán para pactar el nuevo sistema, superado también el tiempo pactado con Iniciativa per Catalunya y rebasada la presentación de los Presupuestos para 2009, el secretario de Estado fue contundente sobre la voluntad del Gobierno de llegar al 1 de enero con el nuevo sistema en marcha "para que las comunidades autónomas sepan a qué reglas de juego atenerse en 2009". Tal como avanzó hace unos días el ministro de Economía, Pedro Solbes, a finales de este mes el Ejecutivo tendrá lista una nueva propuesta, que "todavía no incluirá cifras".

Sobre los principios generales que recogerá el nuevo sistema, está claro ya que habrá "un mejor ajuste" del criterio de población, una de las prioridades de Cataluña teniendo en cuenta que ha ganado un millón de habitantes en los últimos años. El nuevo sistema, añadió Ocaña, "dejará más claro", porque el sistema actual "no lo garantiza", que, viva en la autonomía que viva un ciudadano, tenga los mismos servicios públicos "fundamentales", entre los que, además de la educación y la sanidad, citó la justicia. Cataluña reclama que la solidaridad global a la que contribuya se limite a los servicios que suponen el corazón del Estado de bienestar, por los que entiende servicios sociales, educación y sanidad.

El consejero de Educación, Ernest Maragall, que ayer actuaba como portavoz del Gobierno catalán, no fue tan optimista como Ocaña en su comparecencia de ayer, pero sí afirmó que se negocia "intensamente".