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Sólo siete pueblos de La Axarquía se han acogido a la revisión urbanística

Espadas anima a los alcaldes a sumarse al plan para ganar seguridad jurídica

Hace cuatro meses, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espada, se reunió con los 31 alcaldes de la comarca de La Axarquía que exigen solución al fenómeno de las construcciones en suelo no urbanizable, que se estiman en unas 10.000 en esta zona. Entonces les advirtió de que no podría haber una amnistía, pero sí fórmulas de normalización que implica el estudio de la situación caso a caso para tomar las decisiones, tarea para la que ofreció la colaboración material de la Junta.

Ayer, Espadas volvió a reunirse con los alcaldes para mostrarles los avances dados en aquellos municipios que decidieron sumarse al plan de inspección ofrecido por la Junta. Hasta el momento sólo son siete, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Comares, Cómpeta, Salares, Sayalonga y Viñuela, que apenas representan el 10% de la población de la comarca. En el intento de animar a más municipios a acometer la revisión urbanística, Espadas destacó que los que ya lo han hecho "han adoptado un criterio y sobre todo han ganado credibilidad de lo que están haciendo ante jueces y fiscales".

Los 31 pueblos de esta comarca suman unas 10.000 casas en suelo no urbanizable

La Junta intenta convencer a los alcaldes de que dotarse de un plan de normalización, que establezca criterios y actuaciones y fije prioridades, puede ser una baza a su favor en casos en los que haya algún procedimiento judicial por una ilegalidad urbanística, porque puede dar garantías de la actuación municipal y de que no hay dejación de competencias.

La actuación del cuerpo de inspectores de urbanismo en estos siete municipios persigue primero la elaboración de un censo de las construcciones ilegales en el suelo no urbanizable con un estudio de las características individualizadas de cada una de ellas, a partir de las cuales establecer un diagnóstico y unos criterios a aplicar para la normalización.

"Claro que habrá contar con demoliciones, pero lo lógico y lo correcto es que los ayuntamientos asuman la cuestión y hagan sus propios planes con los criterios que estimen oportunos y evitar dar sensación de alarma", explicó el consejero. Espadas dijo que, de forma genérica, las prioridades de intervención se deben centrar en los suelos no urbanizables que tengan algún tipo de protección por su impacto ambiental o porque afecten a equipamientos o dotaciones de interés general.

Los ayuntamientos que se acojan al plan de inspección deben adoptar un acuerdo expreso por el pleno municipal y el compromiso de no conceder más licencias de obras en suelo no urbanizable y atajar aquellas que detecte que se hacen sin su permiso. Ayer los alcaldes conocieron los frutos de la colaboración en los siete municipios ya acogidos, y especialmente en dos, Sayalonga y Canillas de Aceituno, donde la labor está más avanzada. En el primero ya se han elaborado 115 fichas para el inventario de construcciones, de unas 700 que se estima pueden existir, y en Canillas de Aceituno se han completado 170.

En el plan también colabora la Diputación de Málaga, que ofrece una oficina de asesoramiento técnico. Además, el consejero avanzó ayer que debe crearse un órgano de gestión que, una vez encauzada la solución del conflicto, se convierta ya en el ámbito donde se haga el seguimiento del plan y que incorpore además otras actuaciones previstas en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la comarca para el desarrollo socioeconómico de la zona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de noviembre de 2008