Astigarraga levanta las alfombras
El alcalde encarga a la oposición que investigue las supuestas corruptelas denunciadas por un edil de EB, ex miembro del equipo de gobierno
En Astigarraga han decidido levantar las alfombras del Ayuntamiento por si bajo ellas se esconde algún pecado capital en la gestión de los recursos públicos de este municipio de 4.400 habitantes distante ocho kilómetros de San Sebastián. Un concejal de EB, Carlos de la Peña, abandonó el equipo de gobierno el pasado mes de junio lanzando durísimas acusaciones a sus ex socios de Eusko Alkartasuna y el PNV, a quienes implicó en adjudicaciones a dedo, contrataciones encubiertas, irregularidades urbanísticas y dejación de funciones, entre otras imputaciones. El alcalde, Bixente Arrizabalaga, de EA, convencido de que todo lo anterior es "completamente falso", ha encomendado a los partidos de la oposición que investiguen "a fondo" su actuación. Es el primer caso en Euskadi donde un equipo de gobierno municipal se somete a la fiscalización de los grupos de la oposición.
Es el primer caso en Euskadi en que la oposición fiscalizará un consistorio
El edil de EB pide que se investigue el patrimonio que posee el alcalde
Está previsto hacer 1.400 nuevos pisos en una localidad de 4.400 vecinos
Eusko Alkartasuna y el PNV, que cuentan con cuatro y tres ediles, respectivamente, lograron la mayoría absoluta para gobernar, pero al comienzo del mandato decidieron integrar a los dos concejales de Ezker Batua en el equipo de gobierno para "extender la fórmula del tripartito vasco", afirma ahora Arrizabalaga.
La convivencia fue deteriorándose con el paso de los meses, hasta que el acuerdo se rompió de la forma más traumática posible. De la Peña, quien tenía en sus manos el área de Vivienda, Transporte y Medio Ambiente, presentó su renuncia a esta cartera y decidió pasar a la oposición porque, según explicó, no podía "continuar amparando contrataciones encubiertas de personal y adjudicaciones a dedo en las promociones de viviendas". A su juicio, el Ayuntamiento era un foco de "irregularidades urbanísticas" y "amiguismo en las contrataciones".
El primer edil, quien se mostró inicialmente contrario a someterse a una investigación "para no dar pábulo a semejantes mentiras", ha aceptado al final poner en manos de la oposición una comisión que analice la veracidad o falsedad de las acusaciones. La encomienda fue aprobada el pasado mes de julio en una reunión de la junta de portavoces. La comisión quedó constituida con la participación del PSE y el PP, que cuenta con un concejal cada uno, y la presencia del secretario municipal. EB decidió no formar parte de la misma, aunque De la Peña ha presentado para ser examinados medio centenar de expedientes que considera "ilegales", así como contratos y adjudicaciones "sospechosas". El otro concejal de EB, David Franco, también dejó el equipo de gobierno.
El concejal denunciante ha pedido que se investiguen numerosos expedientes urbanísticos que presentan, a su entender, "anomalías" en la tramitación e insta igualmente a que se evalúe el patrimonio del alcalde desde su entrada en la corporación y "la recalificación de los terrenos de su propiedad". Propone que se realice la misma investigación sobre el concejal de Urbanismo y sus familiares.
De la Peña asegura que la elaboración del Plan General se ha realizado bajo la asesoría jurídica de Natxo Izeta, ex edil de Eusko Alkartasuna en Lasarte, quien incurrió en una "incompatibilidad" con su cargo de gerente de la sociedad municipal Astigarraga Lantzen, que gestiona el suelo en la localidad.
Este concejal también censuró la "nula participación" del arquitecto municipal en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, que prevé construir 1.400 nuevos pisos, y la contratación para realizar esos trabajos de un arquitecto asesor externo "afín al partido del alcalde". De la Peña propone a la comisión que analice todos los expedientes en los que ha intervenido este profesional y se vea la necesidad de su contratación.
Las críticas también inciden especialmente en la tramitación urbanística de la denominada área 14, una extensión de 94.200 metros cuadrados, muy próxima a la futura estación del AVE y donde se quieren levantar 880 viviendas, de las que 160 serán de protección oficial (40 en alquiler) y otras 120 tasadas.
En pasados mandatos se preveían 670 pisos en este ámbito. Toda la oposición censuró las prisas del consistorio para dar luz verde a este desarrollo aprobando el Plan General "antes de estar obligado a adecuar el ordenamiento urbanístico a la ley de Suelo" vasca, aprobada en 2006. Esta nueva regulación obligaría a Astigarraga a aumentar el porcentaje de vivienda pública.
La defensa del alcalde
El alcalde de Astigarraga, Bixente Arrizabalaga, de Eusko Alkartasuna, alega en su defensa que en los suelos de la denominada área 14 "había unos compromisos adquiridos y convenios firmados con los promotores" urbanísticos que obligaban a aprobar el nuevo planeamiento antes del pasado 20 de septiembre. Hacerlo más tarde de esa fecha hubiese supuesto "renegociar todo a la baja" con los constructores.
El primer edil sostiene que las acusaciones de De la Peña "no tienen fundamento" y son falsas. Añade que la contratación de asesores jurídicos y arquitectos externos para colaborar en los trabajos se ha ajustado en todo momento a la legalidad y, además, es una práctica que resulta habitual en la mayoría de los ayuntamientos vascos.
"De la Peña actúa de mala fe y sólo le mueve la venganza. Muchos expedientes que ha pedido que sean investigados fueron firmados por él mismo cuando era delegado de Vivienda", tal y como precisa el regidor.
Arrizabalaga recuerda que mientras el concejal de Ezker Batua formaba parte del equipo de gobierno él mismo tuvo que "darle un toque de atención" después de recibir una queja formulada por el representante de los trabajadores municipales por el comportamiento que tenía el edil de la formación de izquierdas.
La comisión de investigación, que está presidida por el único concejal socialista José Ángel Sánchez Gallardo, todo "un caballero", según la definición que de él hace el alcalde, deberá dilucidar todas las denuncias que han sido presentadas en este caso y emitir un informe antes del próximo 31 de diciembre.
La corporación
Bixente Arrizabalaga preside la corporación de Astigarraga en su segundo mandato consecutivo al frente de un equipo formado por los cuatro ediles de su formación, Eusko Alkartasuna, y los tres que obtuvo el PNV.
Completan la corporación los dos ediles de Ezker Batua (el denunciante de las supuestas irregularidades, Carlos de la Peña y David Franco), uno del PSE (José Ángel Sanchez Gallardo, quien se ha hecho cargo de la presidencia de la comisión de investigación municipal) y otro del PP.
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