No es una pesadilla, es el urbanismo salvaje

¿Quiere usted descubrir por sí mismo el sentido de la expresión "impacto visual"? Véngase a la playa almeriense del Algarrobico, en pleno corazón del parque natural del Cabo de Gata, colóquese de espaldas al mar y recibirá la descomunal bofetada del monstruo de 75.000 metros cúbicos de hormigón que ha tomado posesión de las entrañas mismas de la montaña. Darse la vuelta y posar la vista en el horizonte marino tampoco es solución, porque le resultará imposible sustraerse a la abrumadora presión del intruso: un gigante de cemento de 20 alturas que cae a pico sobre el mar, horadado por cientos de agujeros negros destinados a albergar los ventanales del complejo hotelero.

El engendro habría pasado más desapercibido camuflado en cualquiera de los museos de los horrores urbanísticos que pueblan el litoral español, pero clama al cielo que haya recibido todos los permisos, parabienes e incluso subvenciones de las administraciones públicas que hicieron posible su construcción.

"El derribo de la obra ilegal no debe ser la excepción, sino la regla", dice el juez

El desaguisado del Algarrobico costará al erario público 200 millones

La justicia sigue quejándose de la escasa colaboración de las autoridades

Hay 150 alcaldes procesados. Son la la punta del iceberg del mal urbanismo

Los observadores europeos vuelven espantados tras sus visitas a la costa

"En estos casos la justicia siempre llega tarde", admite el fiscal jefe de Málaga

El 70% de los ediles vinculados con la corrupción resultan reelegidos

"No veo el impacto. A mí el hotel me gusta", dice el regidor de Carboneras

A estas alturas, buen número de jueces y fiscales han llegado ya a la conclusión de que sólo la demolición de las obras ilegales pondrá coto a los desmanes y al expolio del patrimonio natural público. "La demolición de la obra contraria al ordenamiento jurídico no debe ser la excepción, sino la regla", subraya la Audiencia de Cádiz en sintonía con otros tribunales y fiscalías. "Lo que está en juego es la propia vigencia del orden jurídico y, en definitiva, la restauración del orden legal (...) De lo contrario, habría que resignarse a que el infractor se salga con la suya, bendiciéndose absurdamente el agotamiento del delito", advierte el fiscal jefe de Córdoba en un testimonio incluido en la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Porque el juego en estas últimas décadas ha sido burlar las leyes e ignorar las prohibiciones, hacer oídos sordos a las sentencias y culminar las obras para presentarlas como hechos consumados. "En la mayoría de los supuestos de delito urbanístico, el autor continúa construyendo de manera deliberada pensando que una vez finalizada la obra, y precisamente por el hecho de serlo, no será derribada", se explica en otro de los informes de la Fiscalía.

La situación ha llegado al punto de que los propios empresarios de la industria turística han manifestado su inquietud por la pérdida de la calidad medioambiental y el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro que conlleva el enladrillado insostenible de la costa. En eso coinciden con los investigadores del Parlamento Europeo que, año tras año, regresan horrorizados de sus visitas al litoral español.

España ha ido escalando puestos en el ranking internacional de corrupción política a medida que la justicia ha hecho aflorar los atropellos urbanísticos perpetrados a lo largo de las últimas décadas en un clima de impunidad que ahora toca a su fin. Ya hay un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urbanísticos, pero por abultada que parezca esa cifra apenas representa la punta del iceberg de un fenómeno, el de la corrupción municipal, y de una industria, la de la especulación inmobiliaria y el urbanismo salvaje, engrasada con la pasividad o complicidad de las administraciones locales y autonómicas y de los partidos que las dirigen. Todavía hoy, los fiscales siguen quejándose amargamente del silencio y de la escasa colaboración que les prestan las autoridades en la mayoría de las comunidades autónomas.

En Canarias, por ejemplo, donde no faltan las construcciones ilegales a la vista, la administración autonómica presentó durante el pasado ejercicio una única denuncia por este delito, según la Fiscalía de Tenerife. Y, de acuerdo con otro de los testimonios recogidos en la memoria de la Fiscalía, las propias autoridades del Gobierno de Murcia se han visto implicadas en "maniobras normativas" dirigidas a "desproteger parte de su espacio natural". ¿No es inquietante para la salud democrática de un país que los políticos procesados por corrupción obtengan con tanta frecuencia el amparo y el respaldo público de sus dirigentes? ¿Cabe luego extrañarse del escaso reproche social a los munícipes corruptos -el 70% de los alcaldes procesados vuelve a gozar del beneplácito de las urnas-, del clientelismo y de los votos cautivos, de la consideración, en suma, de que la corrupción está firmemente enraizada en los partidos?

"El Estado ha sido sustituido por la partitocracia y, en última instancia, por una oligarquía económico-política. Y la política se ha convertido en un negocio. Los partidos compiten en un mercado inspirado por el lucro personal y apoyado en la corrupción más descarnada". Quien se expresa así no es un radical alternativo del movimiento antiglobalización, sino Alejandro Nieto, ex director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), catedrático emérito de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos en la materia.

"La justicia llega muy tarde, cuando los daños causados al paisaje son irreversibles y están asentadas las urbanizaciones ilegales", admite Antonio Morales, fiscal jefe de Málaga. "Tenemos un sistema de garantías procesales que permite recurrir sistemáticamente las sentencias y ganar tiempo, de forma que, al final, la demolición del inmueble ilegal resulta una decisión comprometida y costosa porque ya hay terceros de buena fe". El fiscal malagueño reprocha a las direcciones del PP y del PSOE: "Una cosa es que haya políticos de los llamados independientes que se enriquecen con la democracia mientras simulan que trabajan por el interés general y otra que lo hagan los representantes de los grandes partidos nacionales".

Contra lo que pueda pensarse, el litoral del sur y el Levante puede cementarse aún más. Los promotores inmobiliarios expertos en burlar la ley y comprar voluntades no creen que se haya llegado a un punto de saturación. "El asunto se ha aquietado a causa de la crisis, pero los proyectos se reactivarán en cuanto la situación lo permita. Los especuladores suelen ser gente echada para adelante y aquí hay mucho en juego", comenta el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.

A pesar de este panorama sombrío, la creación de las fiscalías de Medio Ambiente y de Anticorrupción y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está acabando con la sensación de impunidad. "El miedo empieza a guardar la viña", apunta el general José Antonio Ramos, máximo responsable del Seprona. A los éxitos de la Fiscalía Anticorrupción, hay que sumar casi 800 condenas logradas por las fiscalías de Medio Ambiente en los últimos dos años.

Después de la intervención de Greenpeace -en julio del año pasado irrumpieron en la obra y pintaron con caracteres gigantescos la palabra ilegal-, el complejo del Algarrobico se ha convertido en piedra de toque del pulso democrático contra las tropelías medioambientales. La sentencia del pasado septiembre del juzgado de Almería constituye una durísima descalificación del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía. Tras escandalizarse por que una construcción a 50 metros del mar en el espacio protegido no urbanizable del parque natural del Cabo de Gata-Níjar haya podido obtener permisos y ayudas públicas, el magistrado Jesús Rivera afirma que el comportamiento de las dos administraciones se ha caracterizado por la "abulia" y la "desidia" en la defensa del interés general. Y es que considera probado que el Ayuntamiento de Carboneras, municipio en el que se asienta el hotel, "conocía hace ya 20 años" la prohibición de edificar a menos de cien metros de la zona marítimo-terrestre y que la Junta adoptó una actitud "pasiva y condescendiente con las infracciones". Aún más: el fallo establece que la Junta modificó la planimetría del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque, en "una burda maniobra" para legalizar el hotel. El magistrado observa delitos de prevaricación y contra la administración del territorio, por lo que pide al ministerio fiscal que actúe.

Podría pensarse que cualquier responsable político desautorizado de manera tan contundente por la justicia optaría por replantearse su postura, pero no es el caso de Cristóbal Fernández, el alcalde de Carboneras (Almería). "Hemos recurrido la sentencia porque es un proyecto de la Junta de Andalucía destinado a crear puestos de trabajo". A su juicio, el problema se reduce a una cuestión estética: "Yo no veo ese impacto, a mí el hotel me gusta". El alcalde añade: "Somos un modelo, no hemos firmado un convenio urbanístico en 20 años y eso que tenemos 17 kilómetros de costa", aunque no niega el desastre. "Nos hemos cargado el país entre todos. Ha sido entre todos, ¿eh?", señala, con ese énfasis especial que ponen los políticos a la hora de lanzarse al "y tú más".

Como se apunta en la memoria de la Fiscalía, la discusión pública sobre la corrupción política está resultando estéril "debido al empleo de las tácticas del ventilador o de la tinta de calamar que anulan todo debate fructífero y acrecienta el cinismo político de los ciudadanos ante su clase política". Solo que es el erario público quien paga la factura. Y la del Algarrobico no es pequeña. La tasación del complejo hotelero y de los terrenos, adquiridos a precio de saldo a una sociedad participada por la Junta, realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo último con vistas a una hipotética expropiación, arroja la cifra de casi 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas).

"Pretender recuperar aquel terreno es una entelequia. Hay muros de hasta tres metros encastrados en la roca, de forma que derribar el hotel sería tirar la montaña", asegura Antonio Baena, representante de la promotora Azata del Sol. "Nos dieron todos los permisos, las subvenciones (el 20% de la inversión) y la exención del pago de las licencias porque el hotel fue considerado obra de interés general para el desarrollo económico de la zona", indica. Pese a que la sentencia cuestiona el derecho de la empresa a ser indemnizada en un caso como este, el directivo de Azata del Sol se muestra seguro de que en el peor de los supuestos serán compensados con esos 200 millones de euros. El secretario provincial del PSOE de Almería, Diego Asensio, piensa que hay que buscar un arreglo con la promotora. Fiado, dice, a su experiencia, se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no respaldará la sentencia del juzgado almeriense.

Si como establece el experto en corrupción Robert Klitgaard, ésta es la resultante de sumar el monopolio de la decisión, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas, nuestro país parece particularmente agraciado. De entrada, porque la rendición de cuentas judicial solo se produce, si llega, al cabo de largos años de proceso.

Añade Klitgaard: "Hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honrados que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado es pequeño, muchos funcionarios sucumbirán. El combate contra la corrupción empieza con la mejora de los sistemas". Precisamente, son las peculiaridades del modelo español -y no la mayor o menor predisposición moral de nuestros políticos y funcionarios-, las quemultiplican las probabilidades de corrupción. De acuerdo con los expertos, la configuración del plan de urbanismo como un ilimitado instrumento de reparto de poder económico y la gran discrecionalidad de que gozan los ayuntamientos componen una mezcla de elevada potencialidad corruptora.

A su vez, la autonomía municipal ha eliminado en la práctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma que el único control sobre los ayuntamientos es la aplicación de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la vía judicial, extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los 8.000 ayuntamientos españoles. En este contexto de presiones empresariales, alta discrecionalidad y difusa rendición de cuentas, la tentación es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificación, la omisión de un trámite, una modificación mínima en el planeamiento para que surja petróleo en terreno baldío y para que el munícipe corrupto no tenga que preocuparse más por su futuro económico.

"No pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que en la mayoría de las actuaciones irregulares no hay soborno de por medio sino, simplemente, la convicción de que todo vale con tal de atraer inversiones y turismo", indica Cristina Carbona. La ex ministra de Medio Ambiente, hoy embajadora de España en la OCDE, no se inmuta cuando se le recuerda el aviso que lanzó el alcalde de Carboneras cuando supo de su decidida oposición al proyecto del Algarrobico: "Esto le va a costar a Narbona el sillón".