Un código a debatir

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la más ambiciosa reforma del Código Penal desde la llevada a cabo por el Gobierno de Aznar en 2003. Ante reformas de este tipo siempre surge la duda de si el Gobierno de turno no las utiliza para abordar problemas de difícil solución, cuya raíz está extramuros de la ley penal, pero que provocan estados de alarma social y conviene políticamente hacerles frente cuanto antes. El tratamiento penal, incluso el más riguroso, puede que no resuelva el problema pero apacigua los ánimos, algo muy de agradecer para los gobernantes.

Esa duda se plantea con la medida más polémica de la reforma: la nueva pena accesoria de libertad vigilada hasta un máximo de 20 años para delincuentes sexuales y terroristas tras cumplir condena. Inicialmente prevista para los primeros, por su constatada propensión a reincidir, se aplicará también a los segundos, de los que no hay constancia histórica de que tengan esa propensión. En su caso, la prolongada estancia en la cárcel termina por alejarles, si no de la ideología del grupo, sí de la militancia activa. Algunas de las 12 medidas en que se materializará la nueva pena se superponen a las ya existentes de prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima de delito o a sus familiares. Son, pues, redundantes. Y todas ellas supondrán una nueva y pesada carga para el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, con riesgo de quedar en papel mojado si no van acompañadas de medios y de mayor coordinación.

El grueso de la reforma se ciñe al objetivo inicial: los delitos sexuales, sobre todo si la víctima es menor o incapaz. Pero abarca muchas más cuestiones en el centenar de artículos de que consta: desde la corrupción funcionarial vinculada a la inspección y control de proyectos urbanísticos y un mayor castigo para la corrupción privada -sobornos en el ámbito empresarial- hasta las nuevas formas de delincuencia informática, pasando por la creciente trata de seres humanos relacionada con la inmigración y prostitución. La ampliación de la reforma se justifica en compromisos internacionales -directivas europeas- y en la propia dinámica social generada tras la última reforma. Es lógico, en este sentido, que se haga desaparecer cualquier atisbo de penalización de la fecundación de óvulos humanos con fines terapéuticos, una vez que entró en vigor la ley sobre técnicas de reproducción asistida del 26 de mayo de 2006.

Sobre la necesidad de ajustar y aun agravar las penas a los delincuentes sexuales existe consenso social y jurídico, incluso desde antes del asesinato de la pequeña Mari Luz, desencadenante de la reforma. También sobre la necesidad de un control tras cumplir condena más bien de tipo terapéutico como la castración química voluntaria. Es dudoso que la libertad vigilada, de carácter estrictamente judicial y policial, sea lo adecuado. El tema, como toda la reforma, merece un serio debate en el Parlamento.