El Poder Judicial rechaza que se vigile a terroristas y violadores tras la condena

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado el informe "muy crítico", aprobado por su Comisión de Estudios, sobre la aplicación de sistemas de libertad vigilada tras la salida de prisión de terroristas o agresores sexuales que prevé el anteproyecto de la reforma del Código Penal proyectado por el ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Según ha manifestado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, "la libertad vigilada es de difícil justificación". El informe del CGPJ no es vinculante.

El sistema de libertad vigilada "establece un sistema restrictivo de derechos porque se basa en una responsabilidad dilatada en el tiempo" que no es compatible con el régimen progresivo penitenciario y presenta dificultades en su cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Según Bravo, la libertad vigilada entraría en colisión con las medidas penitenciarias de tercer grado y libertad provisional.

Casos como el del etarra Juan Ignacio de Juana, que tras salir de prisión por 25 asesinatos podía vivir junto a sus víctimas, o la salida de la cárcel de violadores como el de Vall d'Hebrón motivaron la inclusión de la libertad vigilada en la reforma del Código Penal. Según el anteproyecto, el juez puede imponer, durante un periodo de hasta 20 años, medidas como que el ex preso esté siempre localizable, se presente periódicamente en el lugar que se establezca o que no se aproxime a la víctima o a sus familiares. Sin embargo, la Comisión de Estudios del CGPJ señaló en su informe, ratificado por el pleno del Poder Judicial, que para aplicar esta libertad vigilada sería imprescindible que el penado no haya estado en libertad condicional o que las medidas que se le impongan tras salir de prisión no supongan un régimen de vida más restrictivo que el del tercer grado penitenciario.

Mientras que el pleno del CGPJ se ha mostrado favorable a la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo más graves, ha emitido un informe crítico sobre el endurecimiento de los delitos contra la libertad sexual porque los "marcos penales en relación con el principio de proporcionalidad no son adecuados", ha manifestado Gabriela Bravo. Esta reforma, que estuvo motivada por el caso Mari Luz, "quiebra un poco los principios del derecho en comparación, por ejemplo, con los delitos contra la vida", ha explicado la portavoz de CGPJ.

Independencia de los jueces

El pleno del CGPJ ha ratificado la declaración aprobada el pasado martes por su Comisión Permanente en defensa de la independencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la que se pedía "el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional". Gabriela Bravo ha añadido, sin embargo, que el CGPJ no da amparo al magistrado porque éste, por el momento, no lo ha solicitado.

Asimismo, el CGPJ ha trasladado las disculpas de su vicepresidente, Fernando de Rosa, por las declaraciones del pasado 13 de febrero cuando aseguró que Garzón podía "estar pasando una línea roja que es la de la prevaricación. La portavoz del órgano del Gobierno de los jueces ha reiterado que las declaraciones fueron a "título personal" y ha insistido en que "el Consejo siempre va a velar por la independencia de los jueces y magistrados puesto que es ése nuestro mandato constitucional".