Las escuelas cooperativas consideran perjudicial dar Ciudadanía en inglés

La apuesta de la Generalitat por imponer que Educación para la Ciudadanía se dé en inglés "transgrede" la normativa para aplicar programas plurilingües en los centros educativos, que "deja la decisión en manos del claustro y del Consejo Escolar", recordó ayer la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valencianas (Uvec). La patronal Uvec -que agrupa a 110 cooperativas dedicadas a la formación de 21.000 alumnos que estudian desde Infantil a Secundaria- manifiesta en un comunicado su "malestar" por una decisión que considera, a todas luces, "contraproducente" para los alumnos, ya que en "las últimas pruebas censales, la nota media de inglés en segundo de Secundaria no superó el insuficiente".

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Las cooperativas concertadas ven en este empeño del presidente Camps de dar la asignatura en inglés "una pérdida de tiempo y dinero en posturas beligerantes; mientras hay alumnos que son agredidos, sin ir más lejos por el hecho de ser inmigrantes o simplemente mujeres".

En su opinión, la existencia de problemas en la Unión Europea como el "machismo" o la "homofobia" evidencian "la necesidad de trabajar a favor de los valores humanos, un área que no necesita más obstáculos".

Más aún, insiste la Uvec, "visto el fracaso de la formación en áreas transversales", se refuerza el sentido de "destinar un tiempo concreto" a través de esta asignatura semanal de nuevo cuño, introducida por la Ley Orgánica de Educación para "hacer mejores ciudadanos y ciudadanas en el siglo XXI". Una asignatura que el PP "objeta" por considerarla un instrumento de "adoctrinamiento socialista".

"Puede que la intención [de dar en inglés Ciudadanía] sea esconder que la asignatura no la impone el Gobierno central, sino la Unión Europea", interpreta la Uvec, que denuncia que es "anticonstitucional" la amenaza de "negar el concierto a las escuelas que imparten Ciudadanía en valenciano o castellano".

Por otra parte, ayer el sindicato CC OO -que fue una de las organizaciones que recurrió la orden valenciana del 10 de junio que obliga a dar Ciudadanía en inglés- interpuso otro recurso contra las "instrucciones" (dictadas con posterioridad al auto de suspensión cautelar parcial de la orden), que mantienen la presencia de dos profesores durante la clase de Ciudadanía, para "traducir" los contenidos si el titular de no domina el inglés.

CC OO cree que "con las instrucciones del 1 de septiembre pasado, la consejería intentó saltarse los obstáculos jurídicos causados por el auto de suspensión cautelar", que precisamente limita el papel evaluador del profesor de inglés en la materia.

El rechazo generalizado a esta fórmula -ratificado por las dos asociaciones profesionales de Directores de Primaria y de Secundaria de la Comunidad Valenciana y la asociación mayoritaria de inspectores en todo el Estado, Adide- no ha sido óbice para que el consejero Alejandro Font de Mora mantenga abierto el pulso con sindicatos, padres y alumnos por el inglés.

Su número dos en la consejería, la secretaria autonómica Concha Gómez, llegará a una reunión prevista el lunes con los agentes que integran la Plataforma per l'Ensenyament Públic con más frentes abiertos. Además de la convocatoria de una manifestación el próximo sábado y una huelga general de la enseñanza pública el 17 de diciembre, la incorporación formal el lunes de los inspectores de la asociación Adide a los planteamientos y reuniones de la Plataforma, que piden "normalizar" las clases en cada centro educativo y que Ciudadanía se dé en función del proyecto lingüístico adoptado por cada claustro y consejo escolar, complica las cosas a la consejería.

Los inspectores -que han denunciado a nivel estatal el intento de ser usados como "comisarios políticos"- no están dispuestos "ni a regalar suspensos ni aprobados generalizados" en esta materia. De manera que si se ciñen a las "instrucciones" de la consejería, sin que ésta ponga más medios humanos y materiales, a final de curso la normativa valenciana habrá quedado a los pies de los caballos, anticipan.

En medio de este escenario de conflicto, la Administración ha retrasado el pago de 1.200 euros a los directores al menos "hasta febrero de 2009". Se trata de una "penalización", según denuncian los sindicatos CSIF, CC OO, STEPV, UGT y Anpe.