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La Fiscalía investiga dos delitos en un campo de tiro sin licencias en 22 años

La instalación de Lezama se ubica además en un suelo de protección especial

La Fiscalía de Vizcaya investiga desde hace seis meses dos presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en un campo de tiro situado en la localidad vizcaína de Lezama, que funciona desde hace 22 años sin licencia de apertura ni de actividad, según la denuncia presentada por una asociación vecinal. La instalación se encuentra ubicada en un suelo calificado desde 1994 de protección especial no urbanizable, de propiedad municipal pero que gestionado por la Diputación vizcaína, al estar catalogado como monte de utilidad pública. La fiscal encargada del caso, Pilar Sánchez, ha enviado por dos veces oficios a la Diputación y la Ertzaintza (en este caso pidiendo un informe toxicológico de los suelos del campo de tiro) para que remitan información sobre el caso, al no recibir ninguna contestación en el primer requerimiento.

La alcaldía sólo aportó un permiso de la Guardia Civil para manejar armas

La denuncia fue presentada en abril pasado por la asociación vecinal Lezama Bizirik, que desde octubre de 2007 investiga el funcionamiento del campo de tiro. En su escrito, señala que entre ese mes y enero de 2008 requirió información en tres ocasiones al Ayuntamiento. Este únicamente aportó dos documentos: una autorización de 1986 de la Guardia Civil, y su copia, para la utilización de armas, pero sin ninguna referencia a las licencias.

Le ley vasca de Medio Ambiente, aprobada en 1998, dice que los campos de tiro necesitan estas licencias, un informe de medidas correctoras que debe realizar el departamento y una evaluación de impacto. Por eso, la asociación vecinal ve una posible prevaricación del Ayuntamiento de Lezama.

La denuncia señala que la actividad supone "una grave fuente de contaminación y peligro para todo su entorno", ya que los perdigones y los restos de los platos caen sobre el nacimiento y el cauce de tres arroyos. Los platos están compuestos de productos tóxicos como brea y cadmio, que se pueden desperdigar cuando se deshacen por los tiros. Agregan que los disparos se realizan en dirección a la autovía del Txorierri y que la actividad se desarrolla principalmente los festivos y fines de semanas. "La cadencia de disparos es, aproximadamente, de cuatro cada 10 segundos".

En la información enviada a la Fiscalía, que incluye fotografías de la "degradación" de los suelos, se señala que en diez meses se habrán producido entre 50.000 y 60.000 disparos y censuran la nula seguridad. "Cualquier persona puede acceder a los terrenos del campo de tiro", dicen. Sólo hay una valla cerca de la carretera, pero el resto de las instalaciones no están "ni señalizadas ni valladas". Los vecinos han pedido desde enero la paralización cautelar de la actividad. Entonces se dirigieron al Ayuntamiento, "que ni ha contestado el requerimiento". También lo han solicitado a la Fiscalía, que, en un escrito del pasado 26 de junio, la rechaza hasta que determine que los hechos "presentan en caracteres de delito". La clausura de la actividad también se contempla en el artículo 65 de la ley de Medio Ambiente.

La fiscal provincial de Vizcaya, Carmen Adán, aseguró ayer a EL PAÍS que "siguen las diligencias" sobre este caso y, en relación a la falta de respuesta a las peticiones de datos, añadió que la Fiscalía "no permite los retrasos en dar la información". En la información trasladada a los vecinos, la fiscal Pilar Sánchez les aseguró hace un mes que únicamente ha recibido una respuesta del Ayuntamiento de Lezama (institución a la que incluyó en el segundo requerimiento para exigirle las licencias), en las que no hacía ninguna referencia a los permisos de actividad y apertura.

Tiro al plato

El tiro al plato es una actividad deportiva extendida en Euskadi y en la actualidad existen, según los datos aportados por las federaciones, una quincena de campos, todos ellos propiedad de clubes particulares. Casi la mitad se ubican en Guipúzcoa, mientras que Álava hay cinco y en Vizcaya funcionan tres. Entre ellos, tanto las federaciones como las practicantes siempre citan al de Lezama.

Medio Ambiente analiza el caso y la Diputación calla

El Departamento de Medio Ambiente estudia el caso desde septiembre, tras recibir la información de los vecinos, que valoran que "ha sido la única administración que ha hecho algo". Entonces, trasladó a la Agencia Vasca del Agua los datos para que indague sobre los materiales depositados en el suelo y las aguas y envió otro escrito a la alcaldía de Lezama, en el que le informa que no ha solicitado a la consejería ningún informe sobre medidas correctoras en el campo de tiro, como exige la ley de Medio Ambiente. Además, instó a su cierre si la actividad no puede legalizarse. La consejería concedió un plazo de un mes para que el consistorio informe sobre los responsables de la actividad del campo de tiro.

Un portavoz del departamento dijo ayer que "se está analizando la respuesta" de la alcaldía, que no llegó en el plazo establecido, y que "aún no hay ninguna decisión".

Ni la Diputación ni la alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia (PNV), atendieron ayer a los requerimientos de este diario. Los vecinos afirmaron que, cuando trasladaron a la denuncia a la Dirección de Montes de la Diputación, les contestaron "que no tenían constancia de que hubiera un campo de tiro". Justo en esa zona, Montes tiene un puesto de vigilancia forestal.

Leioa sí cerró hace un año otro recinto sin licencia

En Leioa funcionaba desde 1987 uno de los campos de tiro más utilizados de Vizcaya, en la zona de Sarriena, donde se ubica un área de alto valor paisajístico. Pero, hace ahora un año, el alcalde Eneko Arruebarrena (PNV) lo cerró por decreto, al carecer de licencia de actividad. El recinto había originado multitud de quejas por el elevado impacto acústico, que llegaba hasta municipios colindantes como Berango.

El primer edil encargó un estudio de impacto ambiental para determinar si puede volverse a abrir con la puesta en marcha de medidas correctoras, una posibilidad que contempla el artículo 65 de la ley de Medio Ambiente. Ese informe iba a analizar tanto el ruido como los niveles de plomo en el suelo. "Estas instalaciones no requerían en 1987 de estos permisos municipales. Se colocaban en un punto alejado y ni siquiera existían los estudios de impacto ambiental", justificó entonces Arruebarrena, quien se refirió a la mayor exigencia social, a la que se tiene que adaptar la administración. Los propios responsables del campo aseguraron que entendían la clausura de la instalación, "porque estos trámites son necesarios".

Pero también surgen nuevos campos. En Álava se promueve un recinto de tiro cerca del municipio de Arrazua.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de noviembre de 2008

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