La Fiscalía investiga dos delitos en un campo de tiro sin licencias en 22 años

La Fiscalía de Vizcaya investiga desde hace seis meses dos presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente en un campo de tiro situado en la localidad vizcaína de Lezama, que funciona desde hace 22 años sin licencia de apertura ni de actividad, según la denuncia presentada por una asociación vecinal. La instalación se encuentra ubicada en un suelo calificado desde 1994 de protección especial no urbanizable, de propiedad municipal pero que gestionado por la Diputación vizcaína, al estar catalogado como monte de utilidad pública. La fiscal encargada del caso, Pilar Sánchez, ha enviado por dos veces oficios a la Diputación y la Ertzaintza (en este caso pidiendo un informe toxicológico de los suelos del campo de tiro) para que remitan información sobre el caso, al no recibir ninguna contestación en el primer requerimiento.

La alcaldía sólo aportó un permiso de la Guardia Civil para manejar armas

La denuncia fue presentada en abril pasado por la asociación vecinal Lezama Bizirik, que desde octubre de 2007 investiga el funcionamiento del campo de tiro. En su escrito, señala que entre ese mes y enero de 2008 requirió información en tres ocasiones al Ayuntamiento. Este únicamente aportó dos documentos: una autorización de 1986 de la Guardia Civil, y su copia, para la utilización de armas, pero sin ninguna referencia a las licencias.

Le ley vasca de Medio Ambiente, aprobada en 1998, dice que los campos de tiro necesitan estas licencias, un informe de medidas correctoras que debe realizar el departamento y una evaluación de impacto. Por eso, la asociación vecinal ve una posible prevaricación del Ayuntamiento de Lezama.

La denuncia señala que la actividad supone "una grave fuente de contaminación y peligro para todo su entorno", ya que los perdigones y los restos de los platos caen sobre el nacimiento y el cauce de tres arroyos. Los platos están compuestos de productos tóxicos como brea y cadmio, que se pueden desperdigar cuando se deshacen por los tiros. Agregan que los disparos se realizan en dirección a la autovía del Txorierri y que la actividad se desarrolla principalmente los festivos y fines de semanas. "La cadencia de disparos es, aproximadamente, de cuatro cada 10 segundos".

En la información enviada a la Fiscalía, que incluye fotografías de la "degradación" de los suelos, se señala que en diez meses se habrán producido entre 50.000 y 60.000 disparos y censuran la nula seguridad. "Cualquier persona puede acceder a los terrenos del campo de tiro", dicen. Sólo hay una valla cerca de la carretera, pero el resto de las instalaciones no están "ni señalizadas ni valladas". Los vecinos han pedido desde enero la paralización cautelar de la actividad. Entonces se dirigieron al Ayuntamiento, "que ni ha contestado el requerimiento". También lo han solicitado a la Fiscalía, que, en un escrito del pasado 26 de junio, la rechaza hasta que determine que los hechos "presentan en caracteres de delito". La clausura de la actividad también se contempla en el artículo 65 de la ley de Medio Ambiente.

La fiscal provincial de Vizcaya, Carmen Adán, aseguró ayer a EL PAÍS que "siguen las diligencias" sobre este caso y, en relación a la falta de respuesta a las peticiones de datos, añadió que la Fiscalía "no permite los retrasos en dar la información". En la información trasladada a los vecinos, la fiscal Pilar Sánchez les aseguró hace un mes que únicamente ha recibido una respuesta del Ayuntamiento de Lezama (institución a la que incluyó en el segundo requerimiento para exigirle las licencias), en las que no hacía ninguna referencia a los permisos de actividad y apertura.