Bruselas propone más dureza con las agencias de calificación

La Comisión Europea presentó ayer una propuesta para someter a las agencias de calificación de riesgos, a normas "muy estrictas". La iniciativa de controlar las agencias de rating, a las que se acusa de haber contribuido a agudizar la crisis financiera, se presenta a tres días de la reunión del G-20 en Washington. En esta cumbre se analizará la reforma del sistema financiero internacional y el fortalecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). La norma afecta especialmente a las agencias estadounidenses Standard and Poor's, Moody's y Fitch, que prácticamente dominan toda la actividad en este mercado.

La propuesta fija las condiciones para garantizar que las calificaciones de las agencias no estén influidas por conflictos de intereses, para que permanezcan vigilantes sobre la metodología empleada y para que actúen de manera transparente.

El Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, manifestó ayer su propósito de que "Europa adopte un papel de liderazgo en este campo. En su opinión "estas reglas muy estrictas son necesarias para restablecer la confianza en los mercados en el sector de la calificación en la UE". El comisario advirtió de que estas entidades podrán ser sancionadas si incumplen las disposiciones del nuevo reglamento.

Las principales limitaciones del nuevo reglamento a las que deberán someterse las agencias son: no podrán prestar servicios de asesoramiento; no podrán calificar instrumentos financieros si no disponen de información de calidad suficiente; deberán presentar un informe anual de transparencia y tendrán que hacer públicos los modelos y métodos y las hipótesis sobre os que se fundan sus calificaciones.

Respecto a los órganos de gobierno, el reglamento establece que los consejos de administración o de vigilancia deberán contar al menos con tres miembros cuya remuneración debe ser independiente de los rendimientos económicos de la agencia; los consejeros deberán ser nombrados por un solo mandato de una duración máxima de cinco años y sólo podrán ser revocados en caso de falta profesional. Además, al menos uno de los miembros del Consejo debe ser un especialista en titulización y créditos estructurados.